Los profesionales del sector social urgen al Gobierno ya los grupos parlamentarios a aprobar un "suplemento de crédito" que permita mejorar las condiciones laborales de las plantillas e iniciar el camino hacia la equiparación salarial de los profesionales del ámbito de la dependencia con los de la sanidad. Las organizaciones –de centros privados y del tercer sector– consideran que el incremento del 5% aprobado en diciembre pasado es "totalmente insuficiente" y por eso proponen doblar esa cantidad, hasta alcanzar el 10%. "El sector dice lo suficiente", afirman.

Durante al menos ocho meses los 24 ancianos ingresados ​​en la residencia Santlisart, en Sant Quirze del Vallès, se alimentaban con los menús que corresponderían a dieciocho personas. Desde septiembre de 2015 hasta abril de 2016 en las cuentas del geriátrico no hay consta ningún pago por desayunos ni meriendas. El centro sólo destinaba 4,90 euros en alimentos por persona y día, la mitad de la media entre las residencias en ese momento. "Era absolutamente insuficiente, consideramos que debíamos comunicarlo a la Fiscalía", ha declarado una inspectora de la Generalitat en el juicio que ha comenzado este martes en la Audiencia de Barcelona. Las penas a las que se exponen los cuatro acusados ​​superan los cincuenta años de cárcel.

En marzo del 2020, cuando estalló la pandemia de la covid, 230 personas mayores vivían en la residencia Ca n'Amell de Premià de Mar. En sólo dos meses, más de un tercio de los residentes (87) murieron y, como hizo en otros centros, la Generalitat asumió su gestión. Meses después, una querella de la fiscalía incentivó que una juez de Mataró investigara si, más allá de los efectos de la crisis sanitaria, podían atribuirse responsabilidades por homicidio imprudente. Ahora, familiares de estos abuelos critican que la fiscalía se haya "desdecido" en un informe en el que pide el archivo del caso. Pese a que las malas condiciones en el geriátrico quedaron constatadas, la jueza comparte que no se puede atribuir ningún delito a la dirección de la residencia y ha decidido archivar el caso. Ésta es la segunda investigación que se archiva de las tres que llegaron a la justicia por muertes en residencias de Cataluña durante la pandemia de cóvido, y de los tres Ca n'Amell es el geriátrico donde hubo más muertes durante la primera ola de la pandemia.

Dicen que la política se detiene durante el verano, pero este agosto hemos estrenado un nuevo gobierno en la Generalitat de Catalunya que pone fin a meses de innecesaria incertidumbre social. El president Illa ha anunciado su ejecutivo y sabemos que Mónica Martínez Bravo será la nueva consellera de Derechos Sociales e Inclusión. Por eso aprovecho estas líneas para darle la bienvenida. Su perfil económico y académico, especializado en el ámbito de la pobreza y las desigualdades, puede ser muy positivo para el sector. Al mismo tiempo, quiero dar las gracias al conseller saliente, Carles Campuzano, por el buen trabajo que él y su equipo han hecho en estos dos años y medio.

La pandemia causó más de 8.000 muertes en las residencias de Catalunya y, en un intento por recuperar la confianza perdida de la ciudadanía y la reputación cuestionada, el departamento de Derechos Sociales se ha comprometido a abrir una página web –que debe funcionar como una especie de buscador– con información detallada de cada geriátrico. Se publicará, por ejemplo, la lista de espera que tiene cada centro. Ahora bien, el gran atractivo de la iniciativa es que se colgarán los resultados de las inspecciones que periódicamente se realizan para encontrar deficiencias. El anuncio lo hizo el secretario de Asuntos Sociales y Familias, Lluís Torrens, el pasado 14 de octubre en el Parlament, en el que aseguró que en “unas semanas si no días” ya estaría en disposición de entrar en funcionamiento. Sin embargo, han pasado los días y las semanas y, más de tres meses después, el departamento se ha limitado a comentar que unos problemas técnicos menores tienen parado el proyecto.

El sector de las residencias sufre situaciones de mucha precariedad fruto de la falta de recursos económicos y de manos que el ARA recogía este fin de semana en un extenso reportaje de investigación. El retrato que ofrecía la periodista Mònica Bernabé, que se hizo pasar por trabajadora de la limpieza de una gran residencia, ha despertado muchas reacciones: desde la indignación de la Coordinadora de Familiares de Residencias 5+1 ante un retrato que muestra el problema que arrastran muchos centros hasta la defensa por parte de la patronal ACRA del trabajo que realizan la mayoría de centros en unas condiciones, subrayan, insostenibles en términos de falta de financiación para ampliar plantillas y mejorar el servicio.

El pasado año la Generalitat abrió expedientes sancionadores a 115 residencias de personas mayores –el 12% del total– y detectó hasta 238 infracciones muy graves, según una respuesta de Transparencia a una petición de información del ARA. La infracción más recurrente fue "incumplir las condiciones relativas a la higiene, la salud y la correcta administración de medicamentos". En total, se abrieron 66 expedientes por ello. El segundo motivo fue tener personal poco cualificado o con escasa dedicación (46 expedientes). Y el tercero, inmovilizar a los ancianos con medios mecánicos o restringir su capacidad intelectual con fármacos (35 expedientes), aunque la normativa establece que las contenciones están prohibidas si no son estrictamente necesarias y con consentimiento de la familia.