En el tema de la financiación de la Hacienda catalana, lo que conlleva el acuerdo de investidura entre ERC y el PSC-PSOE es potencialmente muy importante. Pero no está hecho y convertir lo potencial en real no será fácil. A las dificultades inherentes a un acuerdo de gran envergadura se añade el factor desestabilizador de la retórica. Con posiciones que eran inicialmente distanciadas, cada parte de la negociación debe convencer a los suyos de que el compromiso es razonable. Pero, al hacerlo, las palabras pueden ser desquiciantes para la otra parte y pueden interferir en el proceso de una implementación efectiva y satisfactoria del acuerdo.

La nueva propuesta de "financiación singular" de la Generalitat ha topado con críticas de algunos gobiernos autonómicos que critican que reclame un trato diferenciado. Ahora bien, tanto en el pasado como en la actualidad diversas comunidades han gozado de regímenes propios o de excepciones que las favorecían. Lo recordamos aquí:

Con el Proceso ya superado, el Govern ha recuperado la idea de una nueva financiación, que parte de la misma premisa exacta que el pacto fiscal y que, de hecho, ha sido una reivindicación histórica de los sucesivos ejecutivos catalanes: la Generalitat debe recaudar todos los impuestos que se generan en Cataluña. Este hecho situaría a la Generalitat en una posición equivalente a la de los gobiernos del País Vasco y Navarra, ambas autonomías con un sistema foral reconocido por la Constitución y que ya tienen una Hacienda propia (en el caso vasco tres, una por provincia) que gestiona la fiscalidad en lugar de la Agencia Tributaria estatal.

En los preámbulos del Proceso, en el 2012 el entonces president Artur Mas intentó un pacto fiscal con el Estado. Sabía que detrás tenía el grueso de la sociedad catalana, empezando por el mundo económico. El rechazo frontal con el que se topó –entonces presidía el gobierno Mariano Rajoy– acabó subiendo el tono del pulso soberanista. Ha pasado más de una década y el problema de la financiación sigue lastrando las cuentas públicas catalanas y el progreso general del país. A pesar de la historia reciente, que tantas tensiones internas ha traído consigo, la conciencia de este agravio sigue generando un gran consenso transversal. Algo que este martes ha vuelto a quedar claro con el documento presentado por el mundo empresarial catalán, firmado por más de veinte instituciones, en las que se denuncia la infrafinanciación de la Generalitat a causa de un sistema de financiación autonómica que no es ni transparente ni equitativo ni eficiente.

Los pactos de investidura de Pedro Sánchez con el independentismo volvieron a abonar el terreno del debate territorial en España. Conscientes del momento político, los presidentes autonómicos han aprovechado sus discursos de Fin de Año para marcar perfil de cara al 2024, donde ya se vislumbra la negociación de un nuevo modelo de financiación autonómica. Todo, mientras el independentismo presiona por el pacto fiscal tras cerrar el año habiendo logrado un pacto por la ley de amnistía, una de las reivindicaciones estrella desde el inicio de la judicialización del Proceso.

La aplicación del artículo 155 de la Constitución fue la respuesta del Estado a la declaración de independencia del Parlament. El PP, con el apoyo del PSOE, cortó de raíz lo que entonces coincidieron en llamar el desafío independentista. Fueron más de seis meses de intervención de la Generalitat que, sin presidente ni gobierno, era gestionada por los delegados de Moncloa. Los presos políticos, el exilio y la persecución judicial fueron la tónica dominante de los meses siguientes, haciendo evidente que el Estado no estaba dispuesto a permitir ni un solo avance hacia la autodeterminación de Catalunya.

Desde que en el 2012 Mariano Rajoy cerró la puerta al pacto fiscal que el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, puso sobre la mesa del jefe del ejecutivo español, el independentismo había dejado esta propuesta dentro de un cajón. De hecho, ese rechazo frontal fue uno de los detonantes del inicio del Proceso. Tras el 9-N, del 1-O y de la represión posterior, ahora el independentismo encara una nueva fase que pasa por abrir una negociación con el Estado para abordar el conflicto político, pero también por gestionar el mientras tanto, intentando ganar más soberanía. Y aquí, el pacto fiscal vuelve a aflorar. Lo verbalizó el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, este miércoles en el Parlament, y tanto ERC como Junts han puesto por escrito en sus respectivos pactos con el PSOE que quieren abordar una reforma de la financiación de Catalunya.

Los resultados de las pasadas elecciones han abierto unas extraordinarias oportunidades de cara al futuro de la actual sociedad española. Las más que probables negociaciones entre las izquierdas de todo el estado y los independentismos catalanes y vascos para la constitución del gobierno pueden pintar ese futuro de un color muy rosado pero también muy negro. No me toca participar en ello, ni creo que sea fácil, pero a menudo recibo preguntas de gente cercana, y por eso me he atrevido a hacer algunas consideraciones al respecto. Las enfoco hacia tres áreas que parecen ser las que más se pueden debatir en la negociación: el grado de bienestar socioeconómico personal y de crecimiento económico, con la evolución de la desigualdad; el aumento o la reducción de la libertad personal por la convivencia pacífica, junto a un nivel superior de soberanía política, y, a mucha más distancia, el modelo político republicano o monárquico.