La popular actriz catalana Patrícia Bargalló ha confesado que lleva 14 años viviendo en una casa okupa en el barrio de Vallcarca de Barcelona. Durante su aparición en el programa de TV3 Entre cuatro paredes, la intérprete hace una defensa férrea del acceso a la vivienda: "Es un derecho, y tú no puedes especular con un derecho". El activista, que ha salido en series como Merlín, El corazón de la ciudad y Infieles, explica su compromiso con la recuperación de espacios abandonados que sirven para la especulación.

No es necesario ser experto en neurolingüística para captar el poder de la palabra. La que sugiere, demanda o implora cada situación. La palabra justa. El artefacto ideológico. Lo que nos hace saltar, de un soplo, de la conducta celebrada en la rechazada.

Hasta ahora las ofertas habían sido de 3.000 euros, pero en verano subieron hasta 10.000. La semana pasada aún recibieron un nuevo mensaje de WhatsApp en el que no se puso ninguna cifra sobre la mesa pero que insistía en que se abrieran a negociar: "Si no cerramos un acuerdo antes de tener una nueva fecha para el desahucio el importe del incentivo será más bajo", decía el mensaje. Francesca Munté y sus dos hijas, de 28 y 31 años, viven en una casa ocupada en Mont-roig del Camp (Baix Camp) desde hace ocho años, después de que entregaran la suya al banco para no poder hacer frente a la hipoteca . "Unos conocidos nos dijeron que había una casa vacía, propiedad de un banco, y nos hicieron el favor de entrar para que la pudiéramos ocupar", recuerda Francesca. El primer año se lo pasaron durmiendo tirones delante de la puerta, porque tenían miedo de que en cualquier momento pudiera entrar alguien. Con el tiempo cogieron cierta confianza, pero siempre han vivido con el miedo a que en cualquier momento se acabaría todo. "Tenemos toda la ropa en cajas por si nos vienen a echar. Sólo tenemos lo más indispensable, la ropa que utilizamos, las ollas... pero no hemos sacado ni la foto de los abuelos", explica Agnès, una de las hijas. "No nos gusta vivir de okupas. Nos preocupa mucho", lamenta.

Empezaban con suavidad, tratando de convencer al inquilino de un piso para que firmara un documento en el que se comprometiera a marcharse del inmueble a cambio de que se le perdonara "la deuda" que tenía con el propietario de la vivienda. Si esta primera negociación –con un tono claramente intimidatorio– no daba sus frutos, comenzaba una auténtica tortura psicológica con un objetivo muy claro: que el inquilino no pudiera más y se marchara del piso que no podía pagar.

Hace una semana que los cinco vecinos de la finca del número 33 de la calle Magalhães, en el Poble-sec de Barcelona, hacen guardia día y noche en la entrada. Han bajado un par de sillas y, por turnos, pasan las 24 horas como pueden para "proteger" el portal e impedir así que la empresa de desokupación contratada por la propiedad del edificio acceda a ella y sabotee las viviendas. Hace una semana, un par de trabajadores, acompañados de mossos d'esquadra, arrancaron la puerta de hierro de la entrada y se la llevaron; la última acción de intimidación que los residentes denuncian para que se vayan. "Es una guerra psicológica: a ver quién aguanta más", dice una activista a favor del derecho de la vivienda que lleva dos horas de guardia.

"Las ocupaciones de las viviendas no son un problema". Lo admiten desde los ayuntamientos de El Vendrell y de Castelldefels, que han hecho de la urgencia de los desalojos una de las grandes prioridades del mandato que apenas arranca. Lo cierto es que los datos que aportan los Mossos d'Esquadra confirman que las ocupaciones "delincuenciales", las que afectan a una residencia habitual y el Código Penal califica de violación de domicilio, son testimoniales. La historia de una familia que se va un rato de casa y cuando vuelve ya tiene dentro unos ocupas es “una falsa leyenda”, en palabras del conseller de Interior, Joan Ignasi Elena. Según la estadística policial, de las 6.863 ocupaciones que se denunciaron en Catalunya el pasado año, el 98% tuvieron lugar en pisos vacíos. Esto significa que sólo en 159 casos, el 2,3% del total, se ocuparon domicilios habitados, independientemente de si se trata de viviendas de primera o segunda residencia.