Supongo que están al tanto de la noticia de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha desestimado la demanda de los padres de la escuela de Canet de Mar contra la sentencia que obligaba a impartir el 25% de las clases en castellano.

Desde esta semana el catalán puede hablarse con normalidad en el Congreso, y el camino para la oficialidad plena en la Unión Europea ya está iniciado. Pero en Cataluña los estudios sociolingüísticos señalan que su uso social está en retroceso y la embestida de los tribunales no ha parado, sobre todo contra la inmersión lingüística en las escuelas. Las continuas sentencias imponiendo el 25% de castellano en las aulas, con la estocada del Tribunal Supremo en el 2021 y la providencia del TSJC de 2022 obligando a la Generalitat a aplicar ese 25% a todo el sistema educativo, generó el contexto propicio para que los grandes consensos volvieran al Parlament hace poco más de un año. Por eso, en junio del año pasado, con un 80% de apoyo, se aprobó la ley sobre el catalán en la escuela, con un pacto entre el PSC, ERC, Junts y los comunes para que el catalán siguiera siendo la lengua vehicular del sistema educativo, con el castellano como "curricular", dejando atrás los porcentajes y poniendo el foco en la realidad sociolingüística y la autonomía de los centros. Todo ello, para intentar sacar la justicia de las escuelas y defender la inmersión. La ley está en manos del Tribunal Constitucional –ahora con mayoría progresista– y las sentencias para incrementar las horas de castellano en aulas concretas han continuado llegando –y se han seguido cumpliendo–, pero el peligro de un efecto dominó ha desaparecido. Al menos a corto plazo.