Suecia es uno de los estados que más reticencias ha mostrado para aceptar la oficialidad del catalán en la Unión Europea, esgrimiendo dudas sobre la necesidad de introducir "lenguas minoritarias" –aunque el catalán tenga más hablantes que el sueco– y sobre el coste de las traducciones. Las trabas suecas y de los otros estados llamados frugales –como Finlandia, Países Bajos o Dinamarca, siempre preocupados por el gasto público en la UE– son habituales cuando se proponen nuevas medidas en la Unión. La cuestión es que, en el caso sueco, provienen de un país que está en falso respecto a un punto esencial de la integración europea: la moneda.