Cuando intentas ponerte en medio del conflicto catalán, y de buscar soluciones donde ambas partes cedan, las posibilidades son múltiples: puedes remitirlo todo a la sentencia del Estatut (y, por tanto, tratar de hacer uno de nuevo, o de crear un “estatus especial”); puedes, en cambio, circunscribirlo al debate sobre la financiación (que fue la gota que colmó el vaso de Artur Mas); puedes tener en cuenta la Declaración de Independencia de 2017 (es decir, partir de la base de que la ruptura es real) o puedes proponer un referéndum de autodeterminación (que en ningún caso es una propuesta de máximos, como dice Pedro Sánchez, normalmente una solución del medio donde ambas partes pueden ganar). Todas estas zonas grises, donde las cesiones pueden ser mutuas, pueden ponerse sobre la mesa y desarrollarse como propuestas de solución a corto oa largo plazo (siempre que la población las avale). Incluso se pueden combinar todas ellas, como pasos paulatinos, o como árbol de posibilidades según la evolución de la ruta. Ahora bien, hay algo que deben tener en cuenta mientras piensen en todas ellas: éste no es un conflicto administrativo. Ni competencial. Ni de financiación, o de modelos federales más perfectos o imperfectos. Es un conflicto nacional.