30 de septiembre de 2005. El Parlamento aprueba el Estatuto de Autonomía de Cataluña después de que socialistas y convergentes consiguieran sellar un pacto in extremis sobre la financiación y la laicidad en la educación pública. La votación sigue adelante con un apoyo prácticamente unánime, 120 diputados de 135: CiU, PSC, Esquerra e ICV votan a favor, y solo el PP se desmarca. Empezaba entonces el periplo del Estatut fuera de Cataluña: primero en el Congreso y después hacia la mesa del Tribunal Constitucional que, en el 2010, tumbó un total de 14 artículos y reinterpretó una veintena más. 20 años después, ¿qué partes no se han desarrollado del Estatut (recortado)?

El exconseller de Economía y Hacienda Antoni Castells (Barcelona, ​​1950) visita el ARA después de que el PSC y Esquerra pactaran impulsar un nuevo modelo de financiación singular para Catalunya en el acuerdo de investidura de Salvador Illa. Castells formaba parte del gobierno cuando en 2005 el Parlament aprobó una propuesta de reforma del Estatut que apostaba por un "concierto económico solidario", una fórmula que no prosperó pero que, casi veinte años más tarde, ha inspirado el entendimiento entre republicanos y socialistas. Castells también participó en la negociación del último modelo financiación autonómica con el Estado en nombre del ejecutivo de Montilla.

Hace un par de años, las primeras sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya afianzando la obligatoriedad de ofrecer el 25% de las clases en castellano certificaron el final formal del sistema de inmersión en la escuela catalana, que había recibido una vez fatal con la sentencia del TC sobre la reforma del Estatuto de Autonomía. El final sustantivo, en muchos centros del país, se había ido incubando ya desde algunos años antes, cuando el sistema de inmersión empezó su retroceso práctico. Resumiendo, la inmersión fue una historia de éxito durante un par de décadas, desde su inicio, impulsado por familias del área metropolitana de Barcelona que querían enseñanza en catalán para sus hijos. Y ha decaído en las dos últimas décadas por motivos variados.

Buena parte de las discusiones sobre el Estatut de Catalunya (EAC) giraron en torno al reconocimiento de Catalunya como nación. Ahora, este concepto se ha colado de nuevo en las negociaciones por la investidura de Pedro Sánchez, aunque no como elemento principal de las conversaciones. En el proyecto de Estatuto aprobado en el Parlamento el 30 de septiembre de 2005 con 120 votos a favor de 135 afirmaba de forma solemne en su artículo primero que "Catalunya es una nación". Al final, después de una ardua negociación con el PSOE, se optó por una solución descafeinada, pero que parecía óptima para pasar el filtro del TC. La mención de Cataluña como "nación" se sacó del articulado (única parte con valor normativo) y se trasladó al preámbulo con una fórmula que más que afirmativa era una mera descripción: "El Parlament de Catalunya, recogiendo el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía de Cataluña, ha definido Cataluña como nación de una manera ampliamente mayoritaria." ¿Problema resuelto? Pues no.