Hace casi 15 años que impulsamos mejoras en la calidad institucional de nuestras administraciones con el objetivo de lograr una mayor complicidad con la ciudadanía y, por tanto, una mayor legitimidad social. Se trata de un conjunto de reformas orgánicas como la transparencia, la rendición de cuentas, la Administración abierta, la integridad y lucha contra la corrupción, sistemas internos de compliance, etc. Todo esto se desplegó con buen criterio, ya que estos ingredientes de calidad institucional representaban la eterna asignatura pendiente de las administraciones nacionales en comparación con las de los países más avanzados y maduros en el plano democrático. Pasar de la retórica a la práctica no ha sido sencillo y las administraciones han tenido que invertir un extraordinario volumen de recursos para poder implantar estas estrategias. El resultado de todo esto genera dos paradojas. La primera: que, de forma sorprendente, los ciudadanos de a pie han acogido con absoluta indiferencia todas estas novedades. La segunda: que los esfuerzos organizativos por cumplir estas nuevas exigencias han ido en detrimento de la calidad de los servicios públicos y, en estos momentos, la legitimación social de las administraciones públicas está, seguramente, en su momento más bajo en las últimas cuatro décadas. En definitiva: hemos impulsado unos instrumentos para gozar de mayor complicidad social y el resultado ha sido justo lo contrario. Ponemos sobre la mesa algunas reflexiones sobre lo que ha ocurrido durante los últimos años:

Daniel de Alfonso, ex director de la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC), tendrá que devolver 82.341 euros por los cobros indebidos que percibió cuando estaba al frente del organismo. Así lo ha establecido el Tribunal de Cuentas, que estima parcialmente la petición que habían hecho tanto la abogada de la OAC como la Fiscalía a raíz de un informe de la Sindicatura de Cuentas que alertaba de estas irregularidades. El órgano fiscalizador ve acreditada la responsabilidad contable de De Alfonso en el cobro de sobresueldos que no le correspondían, a través de complementos que se añadían a sus nóminas.

Daniel de Alfonso, ex director de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), fue destituido en 2016 por estar vinculado supuestamente con la guerra sucia contra el independentismo. Su nombre quedó cuestionado a raíz de la publicación de unas conversaciones, mantenidas a las puertas de la celebración de la consulta del 9-N, en las que conspiraba con el exministro del Interior del PP Jorge Fernández Díaz para fabricar informaciones que incriminaran a dirigentes de Convergència e Esquerra. Una vez fuera del organismo, salió a la luz que De Alfonso y otros dos ex altos cargos de la OAC cobraron sobresueldos a través de asignarse trienios "indebidos" —que ascienden a 200.000 euros— y con otros conceptos añadidos a sus nóminas, como un complemento de calidad. Es lo expuesto este lunes la abogada de Antifraude y la Fiscalía en un juicio al Tribunal de Cuentas, que ahora tendrá que dirimir si ha quedado acreditada la responsabilidad contable de De Alfonso y le condena a devolver el dinero.

Antifrau ha señalado hasta diez irregularidades y malas prácticas en el Parlamento de Cataluña. Cito telegráficamente las más relevantes: premios de jubilación y premios de “vinculación” sin amparo legal a los funcionarios; licencias por edad concedidas sin seguir la normativa; tratos de favor en dos oposiciones, o creación de plazas ad hoc para incluir a varios jefes de departamento en el proceso de estabilización de la función pública.