La Comisión Europea censura que la ley de amnistía "parece constituir una autoamnistía" de Pedro Sánchez a los socios que le garantizan la gobernabilidad, pero no cree que el Proceso comprometiera a los intereses financieros de la Unión Europea. "No existe un vínculo suficiente entre las actividades ilegales que tengan por objetivo la secesión de una parte del territorio de un estado miembro y los intereses financieros de la UE, en lo que respecta a los recursos propios de la Unión", concluye. Es una fría y otra caliente en las observaciones no vinculantes que Bruselas envió el pasado diciembre al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en relación con la cuestión prejudicial que elevó el Tribunal de Cuentas, según el texto que ha avanzado El Español y al que ha podido acceder el ARA.

La guía para no aplicar la amnistía que ha preparado la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial –una pequeña asociación de jueces en el Estado– se actualizó con el texto definitivo de la ley que se aprobó en el Congreso de los Diputados –ahora está en trámite en el Senado– y después de que la Comisión de Venecia emitiera su informe.

A la espera de que a finales de febrero el pleno del Congreso de los Diputados apruebe definitivamente el dictamen de la proposición de ley de amnistía y se traslade al Senado, donde se prevé que durante dos meses se libre una tan cruenta como estéril batalla para dejar -la sin efecto, la disputa sobre la futura ley tiene en estos momentos diferentes escenarios a nivel interno y europeo. A escala doméstica el contencioso político lo lideran la derecha y la ultraderecha, con la ayuda inestimable de los habituales corifeos mediáticos, y el judicial lo encabezan jueces y fiscales que no han digerido que el legislador pueda dejar en papel mojado sus excesos en forma de aceleraciones milagrosas de instrucciones o de imputaciones delirantes de terrorismo. Y es que la derecha ultramontana española, al margen de montar saraos en la calle, ha diseñado todo un plan para hacer que el itinerario de aprobación de la ley sea lo más tortuoso posible: reformas del reglamento del Senado para eludir los plazos de urgencia, peticiones de informes que ni son preceptivos ni mucho menos vinculantes, presentación de retorcidas enmiendas a la totalidad con texto alternativo, intentos por hacer decaer la propuesta por no lograr en primera instancia la mayoría absoluta...

Santos Cerdán ha reconocido que Junts ha tenido que revisarse en detalle la ley de amnistía tras el movimiento del juez Manuel García-Castellón en la causa del Tsunami Democrático. Y es que antes de que José María Aznar llamara a actuar desde cualquier resorte contra el pacto de investidura, la derecha judicial ya había empezado a moverse. La aplicación del olvido judicial del Proceso dependerá de los tribunales y aquí es donde se instalará la principal batalla una vez que la amnistía vea la luz. ¿Qué harán los jueces para boicotearla?

El acuerdo por la ley de amnistía es una realidad -al menos con ERC— y busca beneficiar de forma amplia a los represaliados por causas vinculadas al Procés, sea por delitos de malversación o incluso de terrorismo, como es las de los CDR y el Tsunami Democràtic que se investigan en la Audiencia Nacional. Precisamente, estos delitos son los más delicados porque pueden entrar en colisión con el derecho europeo, la última estación donde la derecha confía en poder detener la aplicación de la amnistía. Otra de las paradojas del Procés es que si primero era el independentismo quien se encomendaba a Europa contra la persecución judicial española, ahora pasará a ser la derecha judicial quien lo hará.