Los youtubers y algunos perfiles en las redes sociales han encontrado un nuevo filón para generar discusión, crispación y, por tanto, más visitas para sus contenidos. La reivindicación de que los jóvenes (milenniales y zetas) tendrán un futuro mucho más negro que el presente disfrutado por sus padres y abuelos (boomeros) ha reabierto el debate en torno a la sostenibilidad de las pensiones y un escenario de guerra intergeneracional que está capitalizando especialmente el espacio de la ultraderecha liberal. Que el sistema está tensionado es una evidencia de que los expertos repiten desde hace años, pero más allá del enfrentamiento por grupos de edad, la pregunta que se plantea para las próximas décadas es otra: ¿cómo garantizar las pensiones en el futuro?

Hace dos años, desde que la última reforma laboral está completamente en vigor, la incógnita se mantiene sin respuesta. ¿Cuántos fijos discontinuos existen realmente en España? Y, de éstos, ¿cuántos están trabajando y cuántos están inactivos esperando la próxima llamada de una empresa para reincorporarse? La pregunta se la han hecho académicos, sindicatos, grupos de interés y también partidos políticos, algunos de los cuales han utilizado el misterio en torno a la cifra real como dardo contra la vicepresidenta española y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Ella fue el artífice de una nueva norma que tenía la misión de acabar con el problema endémico de la temporalidad en el mercado de trabajo del Estado. La reforma laboral ha logrado que los contratos con fecha de caducidad hayan pasado de representar el 26,2% del total en el tercer trimestre de 2021 a los mínimos históricos del 15,7% en la última publicación de la Encuesta de Población Activa ( EPA) del primer trimestre de este año.

La presión fiscal –el conjunto de impuestos que pagan empresas y ciudadanos en comparación con la riqueza generada– en España aumentó entre el momento del estallido de la pandemia y el pasado año, aunque sigue por debajo de la media de la Unión Europea, según un estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Éste think tank está financiado por el Banco de España y algunas de las principales empresas españolas, como CaixaBank, Sabadell, Agbar, Santander, Telefónica, BBVA y ACS, entre otras.