Podemos darle una respuesta contundente: hace 180 años, a raíz de la derrota de la Jamancia, en noviembre de 1843, la insurrección que apostó por implementar un estado radicalmente progresista, atento a reformas sociales que respondieran a las necesidades de las clases subalternas y que construía una nueva soberanía nacional de base federal. La máxima representación de esta alternativa debía ser una Junta Central formada por representantes de las emergentes Juntas Provinciales que consiguieran ahuyentar al general Espartero del poder. Estas Juntas querían acabar con el modelo centralizado vigente, identificaban una nueva soberanía y se erigían en instituciones legitimadas por nuevas formas de participación política (julio de 1843). Poco después se formó un nuevo gobierno provisional encabezado por el progresista Joaquín María López, que aceptó la propuesta de convocar la citada Junta Central pero pronto se echó atrás: suponía un cambio excesivo. López entendía que era necesario reordenar el Estado, que había que limar algunas aristas pero sin renunciar al mantenimiento de una soberanía nacional unitaria, ni a la autoridad institucional ni al apoyo de las (nuevas) élites, a pesar de aceptar que haría falta concesiones.