Reconozco que todavía estoy bajo el impacto de las imágenes de jueces y magistrados manifestándose, puñetas incluidas, ante las sedes de juzgados y tribunales de distintas capitales españolas, contra la amnistía (o tal vez contra una proposición de ley presentada en el Congreso de Diputados que apenas habían podido examinar). Antes de eso ya fue suficientemente delirante ver cómo el órgano de gobierno del poder judicial, un Consejo General del Poder Judicial caducado hace cinco años, y por eso mismo de dudosa legitimidad, se pronunciaba preventivamente sobre un texto que todavía no había visto y que, una vez vio la luz, supuso que se encargara un informe sobre la cuestión, que no es preceptivo ni mucho menos vinculante, porque se trata de una proposición de ley de un grupo parlamentario y no de un proyecto de ley del gobierno, puesto que éste está en funciones y no tiene capacidad legislativa. Una pérdida de tiempo y de dinero.