En su último barómetro, el CIS incluye una encuesta sobre la opinión que los ciudadanos españoles tienen de la Constitución, aprovechando la ocasión de que este martes se celebra en Madrid un acto solemne que unirá el Congreso y el Senado en lo más puro espíritu de la Transición. La idea es celebrar que la actual Constitución, la de 1978, es la "más longeva" de la historia. Las anteriores (promulgadas en los años 1812, 1834, 1837, 1845, 1869, 1876 y 1931) tuvieron vidas más bien cortas, debido a un no parar de pronunciamientos, levantamientos, revueltas y golpes de estado militares que en la última ocasión tuvo (1) longeva. En la tradición política española, hacer brindis por la longevidad de los períodos democráticos (justamente cuando la amenaza no militar, pero sí de la extrema derecha ultraespañolista, vuelve a coger fuerza) tiene un punto de gritar el mal tiempo.

Este viernes se conmemoran 46 años de la aprobación en referéndum de la Constitución española, votada por sólo una cuarta parte de los electores actuales, todos en edad de jubilarse, por cierto, porque el resto del censo o no había nacido o no había llegado todavía a los 18 años. En términos de legitimidad democrática, esto no sería un inconveniente si el texto hubiera experimentado algunos cambios para adaptar la voluntad constituyente a la realidad, pero resulta que sólo se ha reformado puntualmente tres veces: dos por imperativo de la UE y sólo una, éste mismo año, para sustituir el término disminuidos por el de discapacitados. Así no es de extrañar que España sea el país europeo que menos veces ha reformado su carta magna, que tenga una Constitución permagel. Ésta impotentia reformandi es una constante del constitucionalismo español, sin embargo: siempre ha preferido cambiar la Constitución antes que reformarla, normalmente a base de pronunciamientos o golpes de estado.

Salvador Illa ha marcado su primer debate de política general con un anuncio: la construcción de 50.000 pisos públicos hasta el 2030, con una inversión de 4.400 millones de euros en la presente legislatura, a razón de 1.100 millones cada año. Es una promesa ambiciosa, que busca enfrentar con contundencia el primer problema actual de la ciudadanía, el acceso a la vivienda. Tiene también la virtud de recordar que Catalunya, y España, están muy lejos de las políticas de vivienda que se practican en los países líderes de la Unión Europea –desde Francia hasta Dinamarca pasando por Alemania–, donde se toman una poco más en serio el principio de que todos los ciudadanos (y, sin embargo, no llegan a todos, por supuesto) deben tener un lugar digno para vivir.

Una de las cosas que me quedaron más claras al leer la extraordinaria biografía de Winston Churchill publicada por Roy Jenkins en 2001 es que tanto en la esfera política como en la militar, e incluso en la personal, las victorias y las derrotas siempre son relativas. En efecto, una victoria o una derrota no son exactamente hechos, sino más bien interpretaciones acomodaticias de hechos. Por supuesto, cuando estas lecturas de la realidad van más allá de lo razonable debemos hablar de autoengaño, de cinismo o de ambas cosas a la vez. Si me lo permiten, les resumiré un viejo cuento chino que tiene varias variantes. Un hombre llega a un pueblo y le regala un imponente caballo blanco al primer joven que se encuentra por la calle. Todo el mundo dice "¡Qué suerte!", pero un viejo añade: "Ya veremos". Al cabo de unos minutos el joven cae del caballo y se rompe una pierna. Todo el mundo exclama "¡Qué mala suerte!", y el anciano sentencia: "Ya veremos". Y, en efecto, llegan unos soldados que reclutan obligatoriamente a todos los jóvenes sanos para ir a la guerra. La gente dice "¡Qué buena suerte ha tenido!", y el viejo remacha de nuevo: "Ya veremos". Etcétera.

Estos últimos días hemos vuelto a la realidad. Suele pasar a principios de septiembre. Pero esta vez existen circunstancias especiales. La diferencia reside en que esta vez estamos empezando una nueva etapa política, en particular en Cataluña. Y este hecho afecta a los equilibrios en la maquinaria del sistema, entre otros factores por el cambio en las relaciones entre la Generalitat y la casa real. Culmina un proceso que de la mano del expresidente Pere Aragonès ya se había iniciado hace un tiempo. Pero es evidente que ahora se ha acelerado. Salvador Illa destacó en su toma de posesión que asumía el cargo como presidente por "unir y servir". Con esta segunda palabra adquiría un compromiso relativo a la búsqueda permanente de la mejor gestión posible de la administración catalana, con los recursos humanos y económicos de los que se dispone. El primer concepto –“unir”– plantea connotaciones más profundas, teniendo en cuenta de dónde venimos. El objetivo de superar diferencias en la sociedad catalana, después de los acontecimientos y tensiones de los últimos diez años, requiere un plus de habilidad y paciencia.

Hace un par de años, las primeras sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya afianzando la obligatoriedad de ofrecer el 25% de las clases en castellano certificaron el final formal del sistema de inmersión en la escuela catalana, que había recibido una vez fatal con la sentencia del TC sobre la reforma del Estatuto de Autonomía. El final sustantivo, en muchos centros del país, se había ido incubando ya desde algunos años antes, cuando el sistema de inmersión empezó su retroceso práctico. Resumiendo, la inmersión fue una historia de éxito durante un par de décadas, desde su inicio, impulsado por familias del área metropolitana de Barcelona que querían enseñanza en catalán para sus hijos. Y ha decaído en las dos últimas décadas por motivos variados.

Al parecer, no ha gustado nada en determinados ámbitos políticos, pero también historiográficos, que haya habido quien se retrotrajera a 1714 para hablar de los enfrentamientos seculares mal resueltos entre Catalunya y España como fundamento de un acuerdo político para la investidura de Pedro Sánchez. Ya se sabe que lo que para unos no deja de ser un ejercicio nostálgico y preliberal, que no cabe en la Constitución, alfa y omega de nuestras vidas, para otros constituye el fundamento de un pluralismo de raíz historicista y de la persistencia de un conflicto político entre Catalunya y España. Lo que para unos es poco más que un mito forjado en una derrota acaecida en medio de un pleito dinástico en clave europea de prinicipios del siglo XVIII, para otros es un relato que sitúa el origen del contencioso en una guerra provocada por la defensa de las constituciones de Catalunya y contra el despotismo monárquico. Por ahí no avanzaremos.

Pedro Sánchez propondrá a Alberto Núñez Feijóo una reunión antes de que acabe el año para abordar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, la reforma de la financiación autonómica y la eliminación del término "disminuido" del artículo 49 de la Constitución. Así lo ha explicado en una conversación informal con periodistas tras el acto de conmemoración del 45 aniversario de la Carta magna, marcado por la alta tensión política que se vive a raíz de la amnistía y la negociación con el independentismo en Suiza, el bloqueo al órgano de gobierno de los jueces y la ruptura entre Podemos y Sumar.

Reconozco que todavía estoy bajo el impacto de las imágenes de jueces y magistrados manifestándose, puñetas incluidas, ante las sedes de juzgados y tribunales de distintas capitales españolas, contra la amnistía (o tal vez contra una proposición de ley presentada en el Congreso de Diputados que apenas habían podido examinar). Antes de eso ya fue suficientemente delirante ver cómo el órgano de gobierno del poder judicial, un Consejo General del Poder Judicial caducado hace cinco años, y por eso mismo de dudosa legitimidad, se pronunciaba preventivamente sobre un texto que todavía no había visto y que, una vez vio la luz, supuso que se encargara un informe sobre la cuestión, que no es preceptivo ni mucho menos vinculante, porque se trata de una proposición de ley de un grupo parlamentario y no de un proyecto de ley del gobierno, puesto que éste está en funciones y no tiene capacidad legislativa. Una pérdida de tiempo y de dinero.