La dirección y la Asociación de Familias de Alumnos del Institut Joan Brossa, en el barrio del Baix Guinardó de Barcelona, ​​han denunciado el mal estado de las instalaciones del centro, que ha ido acumulando incidencias en los últimos años. El detonante de la protesta ha sido la inundación de aguas fecales que el instituto sufrió a principios de mes y que ha supuesto que el centro no tenga agua desde hace dos semanas ni acceso a los aseos. "Es una situación muy límite, porque no tenemos higiene", apunta Cesc Trillo, profesor y portavoz del claustro, que añade que se han tenido que instalar aseos portátiles en el patio del centro.

Las inundaciones son el principal riesgo natural para las personas en Cataluña: desde 1980 ha habido 301, que se han saldado con 131 víctimas mortales. Después de dos años de análisis y estudios para dar respuesta a la directiva europea sobre inundaciones, la Agencia Catalana del Agua (ACA) ha actualizado el mapa de ríos, rieras y barrancos de las cuencas internas en riesgo de inundación y ha sumado 90 tramos con un riesgo significativo de desbordamiento en casos de lluvias torrenciales – la lluvias torrenciales Otros 172 kilómetros respecto a la anterior revisión, de 2018. Once de estos tramos se han añadido en el último año.

A la espera de los resultados de la revisión de mapas de riesgo de inundación, que deben permitir identificar qué actividades e infraestructuras se sitúan en "zonas de flujo preferente" –donde las medidas para evacuar a la población o contener las consecuencias son prácticamente imposibles en caso de desastre natural–, la Generalitat ya tiene un plan para proteger del cierre a los can. El ejecutivo aprobará este martes un decreto ley de medidas urgentes para estudiar la viabilidad de los campings ubicados en zonas prioritarias por riesgo de inundación. Además, saldrá adelante un acuerdo de Gobierno para crear un fondo de recuperación económica para los alojamientos susceptibles en caso de tormentas repentinas o crecidas de ríos.

Auxilio en lugar de olvido. Apoyo y cariño en lugar de desamparo. Escobas y palas para limpiar en lugar de las cañas que transportó el barranco del Poio y que muchos vecinos usaron para huir de la devastación que asolaba sus casas. Los municipios de la comarca valenciana de l'Horta Sud han recibido este viernes una muestra histórica de solidaridad. Miles de personas han atravesado el río Turia para demostrar que los habitantes de las localidades afectadas por el peor temporal del siglo en el Estado no están solos. Se lo han dicho sin palabras, pero con hechos. Saben que costará meses, quizás años, recuperarse, y que el recuerdo de las víctimas será una herida que nunca acabará de curarse, pero que la catástrofe ha sido colectiva y que sólo la ayuda mutua permitirá superarla.

Con un balance de víctimas mortales y desaparecidos todavía incierto, las autoridades han confirmado este sábado la muerte de al menos 211 personas a causa del devastador paso de la gota fría en la Comunidad Valenciana. En toda España son 214, sumando la víctima de Andalucía y las dos de Castilla La Mancha. Son cifras estremecedoras que todavía pueden aumentar en las próximas horas o en los próximos días, dado que todavía hay muchas familias que no han podido localizar a sus parientes. Las labores de rescate continúan en los pueblos más afectados de l'Horta Sud, como Paiporta y Alfafar, y en Chiva, a unos cincuenta kilómetros de Valencia. Coincidiendo con el primer día del puente de Todos los Santos, las carreteras hacia estas poblaciones se han llenado de ciudadanos con voluntad de desbrozar y limpiar las calles embarradas, y el gobierno español ha enviado refuerzos militares con la previsión de que mañana haya 2.200 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) sobre el terreno.

El lema "el agua es vida" resume la importancia del acceso al agua. No somos capaces de imaginar ninguna clase de vida sin agua. Pero sólo un 0,5% del agua mundial es dulce y disponible. Y la emergencia climática de los últimos años ha empeorado la situación. Esta situación de crisis llevó a la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) a declarar "el derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial" y, en 2015, el organismo va convertir este derecho en uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la agenda 2030.