Entre los diversos espectáculos insólitos que ofrece la democracia española, destaca de forma singular el de la obstrucción del normal funcionamiento de la justicia por parte del principal partido del sistema político. El bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es una anomalía grave, y la nula predisposición del PP a desbloquearle la hace aún más grave. Este lunes hizo cinco años que los magistrados del órgano de gobierno de los jueces tienen el mandato caducado, y para celebrar la efeméride el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, avisó de que su partido sólo accederá a renovar a los vocales del CGPJ si esta renovación se realiza de acuerdo con las normas que ellos indiquen. En concreto, el PP exige como rescate que se modifique la ley por la que se aplica la fórmula que permite la renovación de los vocales; justamente hacía sólo unos días que, en el pleno del Parlamento Europeo sobre el estado de derecho en España (que acabó siendo una réplica nada mejorada de las peleas en el Congreso de los Diputados), el comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, reclamó que se desbloqueara urgentemente el CGPJ sin ninguna modificación previa de la ley. El propósito del PP sería dar aún más poder a los jueces (a “sus” jueces, se entiende).