Picapela diplomática entre Dublín y Londres a propósito de la ley de deportación de migrantes en Ruanda, aprobada la semana pasada por el Parlamento británico. El gobierno de la república acusa a Downing Street de que la nueva legislación ha disparado el número de refugiados que llegan a Irlanda y, en consecuencia, pretende devolverlos al Reino Unido.

Victoria simbólica del primer ministro británico, Rishi Sunak. Tras cinco meses de rencillas entre la Cámara de los Comunes y la Casa de los Lores, el Parlamento británico ha aprobado finalmente, en las primeras horas de la madrugada del martes, la polémica legislación para deportar a Ruanda a los solicitantes de asilo que hayan entrado en Reino Unido sin documentación. Sunak espera que la iniciativa, que prevé que se inicie en diez o doce semanas, según declaró el mismo premier, le da la vuelta a la catastrófica tendencia de las encuestas de cara a las elecciones generales, que tendrán lugar con toda probabilidad después del verano, y que hasta ahora le sitúan más de veinte puntos por debajo de los laboristas.

En el cuarto aniversario de la victoria electoral de Boris Johnson, el primer ministro británico, Rishi Sunak, ha salvado este martes una votación clave de uno de los proyectos de ley estrella de su mandato, el de deportación a Ruanda de los migrantes que llegan sin papeles al Reino Unido, mayoritariamente a través del canal de la Mancha. Así, los Comunes han aprobado esta noche lo que en la práctica era una legislación de emergencia para superar la sentencia del Tribunal Supremo del Reino Unido, que declaró ilegal la medida.

Nueva crisis en el gobierno británico, ahora a raíz de los llamados vuelos de la vergüenza en Ruanda: la política de deportación en el país centroafricano de los solicitantes de asilo, llegados sin papeles básicamente a través del canal de la Mancha. El responsable del programa, el secretario de estado de Inmigración, Robert Jenrick, ha dimitido este miércoles por la noche, prácticamente al tiempo que su jefe directo, el ministro del Interior, James Cleverly, presentaba a los Comunes una nueva ley de emergencia con el objetivo de superar las trabas que puso el Tribunal Supremo.