Un 18 de junio como hoy, pero de hace veinte años, Cataluña votaba el Estatuto en referéndum. Sin muchas colas —solo participaron el 49% de los catalanes con derecho a voto—, pero con una amplia mayoría del 73,9% —el 20,76% votó en contra y el 5,34% en blanco—, quedaba refrendada la norma básica del país, ya recortada respecto a su nacimiento en el Parlament y que aún habría de recibir un golpe duro cuatro años después en el Tribunal Constitucional.

Las persistentes desigualdades creadas por la globalización y los cambios tecnológicos, y las estrecheces de un estado del bienestar que se resiente del envejecimiento de la población, del aumento de las migraciones y de unas infraestructuras caducas nos han traído un nuevo orden mundial regido por dirigentes políticos tan populistas, antidemocráticos, arbitristas y corruptos como los de hace un siglo, que provocan guerras, tildan a sus oponentes de traidores y culpan a los extranjeros del caos económico que siembran ellos mismos. En este contexto de vértigo, en el que la política interna se encuentra extremadamente polarizada y la crispación domina el escenario de forma asfixiante con el auge imparable de la ultraderecha, parece que no hay nunca tiempo –ni ánimo– para hacer balance del autogobierno y del grado de descentralización política en el Estado, una cuestión que parece haber pasado a un segundo plano detrás de la corrupción o las posibilidades de alternancia política en el Estado. Sin duda, los veinte años de la aprobación del Estatuto son una invitación a hacerlo, aunque continúe la fatiga de estos últimos años motivada por la defensa de un Estatuto desautorizado por el TC y por el dolor provocado por la respuesta coercitiva del deep state a raíz del referéndum del 1-O.Y es que, a pesar del reconocimiento por parte del gobierno de Pedro Sánchez de la existencia de un conflicto político –por necesidad o por convicción–, y los intentos de desjudicialización por la vía de la amnistía y de un diálogo efectivo, lo cierto es que a estas alturas el 61% de los políticos no han sido amnistiados y el 97,5% de los policías sí, según datos de Alerta Solidària, y que sobre la cuestión de fondo, salvo una propuesta no nacida de mejora de la financiación, hace tiempo que no se habla: la posibilidad de dirimir el futuro en las urnas, con la cadencia necesaria, teniendo en cuenta los errores no forzados del pasado y la perspectiva de países pacientes pero intransigentes como Quebec o Escocia.

Al parecer, no ha gustado nada en determinados ámbitos políticos, pero también historiográficos, que haya habido quien se retrotrajera a 1714 para hablar de los enfrentamientos seculares mal resueltos entre Catalunya y España como fundamento de un acuerdo político para la investidura de Pedro Sánchez. Ya se sabe que lo que para unos no deja de ser un ejercicio nostálgico y preliberal, que no cabe en la Constitución, alfa y omega de nuestras vidas, para otros constituye el fundamento de un pluralismo de raíz historicista y de la persistencia de un conflicto político entre Catalunya y España. Lo que para unos es poco más que un mito forjado en una derrota acaecida en medio de un pleito dinástico en clave europea de prinicipios del siglo XVIII, para otros es un relato que sitúa el origen del contencioso en una guerra provocada por la defensa de las constituciones de Catalunya y contra el despotismo monárquico. Por ahí no avanzaremos.