En su cruzada contra la inmigración irregular, el gobierno de Italia construyó un costosísimo centro de reclusión en Albania para deportar a los sinpapeles interceptados en aguas del Mediterráneo, prácticamente vacío, comenzó una guerra contra las ONG de rescate y limitó el reconocimiento del derecho a la protección internacional, entre otras medidas. Ahora, el ejecutivo liderado por la primera ministra, Giorgia Meloni, da un paso más y propone introducir el bloqueo de los barcos y acelerar las expulsiones de inmigrantes en caliente, incluso en países distintos de sus naciones de origen.

El campo de refugiados de Mória en la isla griega de Lesbos fue durante años el símbolo del fracaso de las políticas migratorias europeas: en una antigua cárcel pensada para 2.800 personas llegaron a entaforar a 20.000 hombres, mujeres y criaturas, que esperaban durante meses (o años), en condiciones penosas, que se procesaran sus solicitudes de asilo. Ahora ya no es noticia, pero miles de personas siguen atrapadas en centros militares en las fronteras europeas.

Lo hemos ido viendo en países gobernados por la ultraderecha, como la Italia de Salvini o la Hungría de Orbán, pero también en estados con una histórica tradición de acogida, como Suecia, o en las potencias europeas: la Francia de Macron y la Alemania de Schultz (además de la Inglaterra de Sunak desde fuera de la UE). En los últimos meses, en todas partes se ha ido produciendo un cierre en las políticas migratorias. La generosidad de la cancillera Merkel durante la crisis del 2015 por la guerra de Siria, con la llegada a Alemania de un millón de personas –en Catalunya dio pie al movimiento Nuestra casa, su casa–, acabó generando un reflujo reaccionario que sólo ha tenido un paréntesis con la apertura de fronteras a los refugiados ucranianos. Ahora, sean del color político que sean, los gobiernos están dando un giro a remolque del discurso y el marco ideológico de la ultraderecha, giro que este martes ha cuajado tanto en Bruselas como en París. Tras muchas negociaciones, la UE ha priorizado el consenso para un amplio acuerdo que supone un endurecimiento de su política migratoria, mientras que el presidente francés ha hecho lo propio con una nueva ley aprobada con el apoyo no querido de Marine Le Pen, cosa que ha provocado una crisis en su gobierno.