La situación de las lenguas oficiales en España es de una desigualdad flagrante, consagrada jurídicamente por diversos reglamentos y normativas, empezando por la propia Constitución del 78. En la máxima ley española queda claro que la lengua oficial de España es el castellano (dice castellano, no español) y que todos los ciudadanos tienen el deber de conocerla. Acto seguido, concede que "las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos". No menciona cuáles son ni cómo se llaman estas misteriosas “otras lenguas españolas”, ni en qué comunidades autónomas se hablan. De la vaguedad del artículo 3.2 se desprende que evidentemente no existe ningún “deber” de conocer el catalán, el euskera y el gallego (las “otras lenguas” en cuestión) y que, si acaso, a sus hablantes les asiste tan sólo el derecho de usarlas en sus territorios. (El hecho de evitar concretar sus nombres llevó a maniobras divisivas como hacer constar el “valenciano” como lengua oficial del País Valenciano, oficialmente rebautizado también como Comunidad Valenciana en su estatuto de autonomía).