Muchas sanciones administrativas pueden ser de dudosa validez. A través de una sentencia, el Tribunal Supremo ha endurecido los requisitos que deben tener las notificaciones administrativas, lo que puede poner en cuestión muchos procedimientos sancionadores, liquidaciones tributarias y expedientes administrativos. El hecho de incumplir algunos criterios en las notificaciones, como no incluir una descripción aunque sea muy corta o resumida del motivo del aviso, puede invalidar el procedimiento, avisan desde Unive Advocats, un despacho especializado.

Reducción de la burocracia, profesionalización de la política y la dirección pública y reducir la telaraña normativa son reclamos ya históricos, pero que están más al orden del día que nunca. obras o una licencia ambiental pueden tardar más de dos años, lo que acaba desincentivando el interés empresarial y la inversión.

Los informes surgen hoy como las setas y se refieren a cualquier tema imaginable. Algunos tienen un alcance ultralocal mientras otros aspiran a una dimensión mundial. Unos han sido encargados por las administraciones públicas y otros por empresas privadas. Los hay elaborados con rigor y otros no tanto –o nada–. Hay sobre la educación, sobre el impacto real de la inmigración, sobre los coches eléctricos, sobre el ahorro de agua, sobre el número de animales domésticos en Europa (cito algunos de los que he tenido noticia las últimas semanas, pero la lista podría ocupar todo el artículo). Hay informes sobre casi todo, y algunos terminan condicionando decisiones políticas muy relevantes (pensamos en PISA). No estamos hablando, por tanto, de un tema cualquiera, sino de una cuestión potencialmente problemática. En efecto, la expansión, bajo la apariencia de informes, de fake news, ideas pseudocientíficas, ideologías tronadas y otras hierbas tóxicas hacen inviable a largo plazo la democracia: los votos de ciudadanos desinformados pueden llevar a situaciones imprevisibles. Sin embargo, la mera censura de estos relatos desnaturalizaría el sistema.