La Comisión de Venecia, el órgano consultivo del Consejo de Europa en materia de derecho constitucional, ha publicado este lunes un informe en el que riñe a España por el modelo de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ahora mismo, considera que está expuesto a una politización externa -por el peso que tienen las Cortes españolas- e interna -por el papel que tienen las asociaciones judiciales- que pone en riesgo la independencia judicial.

Confieso que no tenía claro si la sala de admisiones del Tribunal Supremo (TS) asumiría la investigación de los aforados del caso Tsunami. Tiento a pensar ingenuamente que alguien que es honesto profesionalmente no se deja arrastrar por su fanatismo, especialmente si puede caer en el ridículo ante alguna instancia que le enmiende la llanura. Pero soy consciente de que este activismo judicial desenfrenado no ha cedido hasta ahora aunque el TS sabe desde hace tiempo que el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos se cargará su creativa sentencia del 2019. De hecho, en estos momentos, la derecha judicial española no está motivada por ganar batallas judiciales en Estrasburgo, es consciente de ser una autarquía judicial tras los reveses sufridos en Bélgica, Alemania o Suiza, y lo que quiere es infligir el mayor dolor posible a los beneficiarios de la futura ley de amnistía.

A la espera de que a finales de febrero el pleno del Congreso de los Diputados apruebe definitivamente el dictamen de la proposición de ley de amnistía y se traslade al Senado, donde se prevé que durante dos meses se libre una tan cruenta como estéril batalla para dejar -la sin efecto, la disputa sobre la futura ley tiene en estos momentos diferentes escenarios a nivel interno y europeo. A escala doméstica el contencioso político lo lideran la derecha y la ultraderecha, con la ayuda inestimable de los habituales corifeos mediáticos, y el judicial lo encabezan jueces y fiscales que no han digerido que el legislador pueda dejar en papel mojado sus excesos en forma de aceleraciones milagrosas de instrucciones o de imputaciones delirantes de terrorismo. Y es que la derecha ultramontana española, al margen de montar saraos en la calle, ha diseñado todo un plan para hacer que el itinerario de aprobación de la ley sea lo más tortuoso posible: reformas del reglamento del Senado para eludir los plazos de urgencia, peticiones de informes que ni son preceptivos ni mucho menos vinculantes, presentación de retorcidas enmiendas a la totalidad con texto alternativo, intentos por hacer decaer la propuesta por no lograr en primera instancia la mayoría absoluta...

Los tribunales llevarán la amnistía a Europa cuando se apruebe para intentar detenerla, pero el PP ya se emplea antes para intentar generar un estado de opinión contrario al olvido judicial. El Senado, en el que tiene mayoría absoluta, es su principal laboratorio de pruebas. Allí ha aterrizado este jueves una delegación de la Comisión de Venecia, un órgano consultivo que depende del Consejo de Europa a quien se ha encargado un dictamen jurídico sobre la norma. El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo hizo que la mesa de la cámara alta solicitara un informe al Consejo General del Poder Judicial, otro a la Comisión de Venecia y también uno a la Fiscalía sobre la amnistía. Son consultas reservadas habitualmente para las iniciativas legislativas que provienen del gobierno español –proyectos de ley– y no cuando surgen de los grupos parlamentarios –proposiciones de ley–, pero los populares han innovado para hacerlo posible.

En los meses previos al referéndum del 1 de octubre de 2017, la Comisión de Venecia se convirtió en un protagonista colateral. El órgano consultivo del Consejo de Europa en materia constitucional estuvo en el foco mediático durante el proceso. Durante meses fueron los partidos independentistas los que apelaron a sus directivas, convencidos de que todas ligaban con la consulta de que iban a poner en marcha. Finalmente fue el grupo parlamentario Catalunya Sí Es Pot, con Joan Coscubiela y Lluís Rabell al frente, quien condicionó el apoyo al 1-O a que obtuviera el aval previo de Venecia. El entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, respondió a la petición pidiendo en una misiva la "colaboración" de la Comisión para conseguir un referendo acordado con el gobierno español, entonces presidido por el popular Mariano Rajoy. La respuesta no desarrolló el conflicto: la Comisión de Venecia se limitó a apuntar que el referéndum debía ser pactado y de acuerdo con la Constitución, un escenario rechazado por el gobierno del PP.