Daniel de Alfonso, ex director de la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC), tendrá que devolver 82.341 euros por los cobros indebidos que percibió cuando estaba al frente del organismo. Así lo ha establecido el Tribunal de Cuentas, que estima parcialmente la petición que habían hecho tanto la abogada de la OAC como la Fiscalía a raíz de un informe de la Sindicatura de Cuentas que alertaba de estas irregularidades. El órgano fiscalizador ve acreditada la responsabilidad contable de De Alfonso en el cobro de sobresueldos que no le correspondían, a través de complementos que se añadían a sus nóminas.

Daniel de Alfonso, ex director de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), fue destituido en 2016 por estar vinculado supuestamente con la guerra sucia contra el independentismo. Su nombre quedó cuestionado a raíz de la publicación de unas conversaciones, mantenidas a las puertas de la celebración de la consulta del 9-N, en las que conspiraba con el exministro del Interior del PP Jorge Fernández Díaz para fabricar informaciones que incriminaran a dirigentes de Convergència e Esquerra. Una vez fuera del organismo, salió a la luz que De Alfonso y otros dos ex altos cargos de la OAC cobraron sobresueldos a través de asignarse trienios "indebidos" —que ascienden a 200.000 euros— y con otros conceptos añadidos a sus nóminas, como un complemento de calidad. Es lo expuesto este lunes la abogada de Antifraude y la Fiscalía en un juicio al Tribunal de Cuentas, que ahora tendrá que dirimir si ha quedado acreditada la responsabilidad contable de De Alfonso y le condena a devolver el dinero.

Las críticas dirigidas desde instancias políticas a la actuación de algunos jueces y magistrados en algunos casos que desprenden un aroma pestilente de lawfare, y sobre todo la intención manifestada por ERC y Junts de citar a algunos a comparecer en las comisiones de investigación de los atentados del 17-A, la operación Catalunya o de Pegasus, ha dado lugar a una fronda de togas y puñetas de jueces pero también de fiscales, que no se veía desde... las insólitas protestas corporativas contra la futura ley de amnistía. El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha apresurado a adoptar un acuerdo unánime instando al Congreso y al Senado a abstenerse de citarlos, avanzando que la permanente de este órgano –más caducado que un yogur de el año pasado– denegará la autorización a comparecer. También está en contra la derecha política de PP y Vox y el PSOE, como se ha encargado de dejar claro al triministro Félix Bolaños.