Las bibliotecas de Barcelona están en huelga indefinida desde el 26 de mayo, aunque sus reivindicaciones ya habían comenzado antes. Este martes, 1 de septiembre, cerraron durante la mañana 33 de las 41 bibliotecas de la ciudad en una demostración de fuerza del colectivo, que pide —exige— al Ayuntamiento de Barcelona y al Consorcio de Bibliotecas abrir una negociación. Desde el Ayuntamiento y el Consorcio aseguran que la negociación está abierta y emitieron un comunicado en el que explicaban que se han ofrecido una serie de cosas al personal de las bibliotecas, pero una de dos: o no es del todo así o lo que se ofrece no satisface las demandas de las trabajadoras en huelga (la gran mayoría de personal de las bibliotecas, y del sector del libro, son mujeres). ¿Cuáles son estas demandas? Mejora de los horarios, mejora salarial y reconocimiento profesional. Son reclamaciones llenas de sentido: muchas bibliotecarias hacen jornadas dobles de once y más horas al día que hacen imposible la conciliación familiar y, por supuesto, su retribución está muy por debajo de la importancia de su tarea. De aquí la necesidad del reconocimiento profesional, que naturalmente se ha de traducir en el sueldo que perciben.Pero también es necesario un amplio reconocimiento social de su trabajo. Hay que extender entre la ciudadanía, de manera mucho más consistente que ahora, que las bibliotecas brindan un servicio público imprescindible para una sociedad democrática que quiera facilitar el acceso a la lectura de todos los ciudadanos —especialmente de los niños y los jóvenes, pero de todos— con independencia de su procedencia, clase social o poder adquisitivo. Hay que subrayarlo. Facilitar el acceso de los ciudadanos a la lectura: esta es la tarea de las bibliotecas, y no es un trabajo fácil. Se forman y se actualizan de forma altamente exigente para poder realizarla. Y hay que insistir en ello, porque el trabajo de las bibliotecarias no es de asistentes sociales, ni de dinamizadoras ni de técnicas en atención a las familias. Todos estos trabajos también son necesarios, pero no son los trabajos que debe hacer una técnica o técnico de bibliotecas. Una biblioteca pública tampoco debe ser un refugio climático, ni tantas otras cosas.Una biblioteca promueve la lectura entre los ciudadanos. Esto es de una importancia enorme. Para poner ejemplos, es infinitamente más importante el trabajo de una bibliotecaria que el de todos los futbolistas de Primera División, o el de todos los “políticos” que no se dedican a nada más que a repetir lo que les ordena su partido. El acceso a la lectura es un servicio público tan importante como el que dan los docentes y los profesionales sanitarios, que, por cierto, no es casualidad que estén luchando también por la dignificación de su profesión, en ambos casos. Vivimos días en los que se pretende negar la dignidad, la importancia y la viabilidad de los servicios públicos: por eso mismo, hay que defenderlos más que nunca. Ir contra los servicios públicos de primera necesidad —la biblioteca lo es— es ir contra nosotros mismos como ciudadanos.

El verano tórrido invita a adentrarse en el rincón más poético de la biblioteca personal: con el Document de Morella, de Vicent Andrés Estellés, o El test de la flor Malva, de Jordi Llavina, podría llegar a olvidarme de la internacional ultra, una de las operaciones más reaccionarias y peligrosas que hemos conocido, infiltrada ahora en los partidos liberales y conservadores clásicos, que han creído que debían acercarse a sus marcos y estrategias para conservar el electorado.

Existe un amplio acuerdo institucional y académico según el cual entre los principales objetivos de un sistema sanitario justo debe estar incluido el concepto de equidad; que la equidad, en el campo de la salud, comporta que las personas con las mismas necesidades de salud deberían tener el mismo acceso a la atención sanitaria, y que, por el contrario, las personas con diferentes necesidades de salud, con desigualdades, deberían tener un acceso desigual a la atención sanitaria, que no es otra cosa que la aplicación del concepto marxista de “a cada cual según sus necesidades”. Este es el sentido de la visión actual de la salud pública: las políticas sanitarias no deberían limitarse a tratar enfermedades, sino que también deberían reducir las desigualdades sociales que las generan. Y asociada a esta visión, la idea de justicia.

Desde que Trump se propuso desmantelar la National Public Radio (NPR) y el Public Broadcasting Service (PBS), las emisoras de radio y televisión públicas del país, se ha producido una respuesta a dos niveles que está logrando mantener el servicio en pie. Por un lado, el juez federal Randolph Moss declaraba este abril "inconstitucional" la orden ejecutiva de Donald Trump para cortar los fondos federales a estos medios de alcance estatal que tienen asociados más de un millar de cadenas de radio y televisión que trabajan en el ámbito local. Pero la sentencia del juez no ha comportado el retorno del dinero ya recortado y esto ha provocado ya un centenar de despidos en la PBS, lo que representa un 15% del total, a los que hay que sumar unos 500 puestos más de trabajos destruidos en las emisoras de radio o televisión locales asociadas.

Los sistemas públicos que tenemos en funcionamiento fueron pensados para sociedades razonablemente previsibles. La escuela, la sanidad, los servicios de empleo, las políticas sociales: todo ello se construyó sobre la premisa de que había una mayoría que tenía espacios de vínculos estables en la familia, en el barrio, en el trabajo, y que seguía itinerarios más o menos estándar. Y que, por otra parte, también había una minoría que se desviaba y que era necesario atender de manera excepcional. Esta premisa hace tiempo que saltó por los aires. Lo que antes era episódico, como la precariedad, la diversidad de orígenes, las trayectorias vitales no lineales, la desvinculación de los jóvenes respecto de las instituciones, se ha vuelto cada vez más estructural. Y los sistemas públicos, diseñados para gestionar la homogeneidad, están cada vez más desbordados por una realidad que no encaja en las casillas previstas.

Cuando era el máximo responsable de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell describió a Europa como "un jardín", en contraposición a la "jungla" que es buena parte del resto del mundo. Sobre el papel, este supuesto jardín se basa en una seguridad y capacidad de progresar económica y materialmente por parte de los ciudadanos garantizada por un estado fuerte que redistribuye la riqueza a través de los impuestos, pero sobre todo a través de servicios básicos. Es decir, el elemento diferencial del progreso europeo es el llamado estado del bienestar.

Cataluña vive un colapso ferroviario y viario indigno de una economía avanzada. Cuando los trenes de Cercanías dejan de circular, se detiene el tráfico de mercancías con Europa y la autopista AP-7 queda cortada; cuando el AVE no da un servicio efectivo y fiable, el país se inmoviliza y la credibilidad de los gobiernos –que una y otra vez han prometido inversiones que nunca llegan– queda seriamente dañada. La indignación ciudadana ante este desbarajuste es más que comprensible: nadie debería quedar rehén de un transporte público deficitario sin que se depuren responsabilidades. Cada jornada de caos logístico supone una herida en la economía productiva y en la confianza de los ciudadanos.

Decía uno de los más citados filósofos del siglo XX, Johan Cruyff, quien cada desventaja tiene su ventaja. Apliquemos al presidente Isla. La desventaja es que tiene un tono gris, aburrido, de PSOE monárquico y de presidente de comunidad autónoma, más que de nación.

Son tiempos difíciles para las democracias occidentales. Los buenos resultados electorales de Vox y Alvise en España, Le Pen en Francia y los Demócratas de Suecia, o las favorables encuestas de Trump, sumados al aumento de grupos de ultraderecha en el Parlamento Europeo, hacen dudar de la capacidad de los partidos de centro para convencer a las clases medias de que sus propuestas les mejorarán la vida. Tras dos fuertes crisis –la que siguió el estallido de la burbuja inmobiliaria en nuestro país y la de la covid-19– la desigualdad entre ricos y pobres ha aumentado, produciéndose una reducción del número de familias consideradas clase media. Esto nos lleva a una sociedad con menos estabilidad y mayor incertidumbre, y donde, más allá de los efectos para aquellos que bajan en la escala social, las consecuencias son para todos.