El voto en contra de Juntos en los tres decretos que el gobierno español ha sometido a votación este miércoles en el Congreso ha agudizado la crisis de los de Carles Puigdemont con el PSOE El golpe sobre la mesa de los junteros ha volcado una de las iniciativas, llamada decreto ómnibus , a depender del PP, que ha aprovechado para erosionar al gobierno español sumándose al blog del no y provocando una derrota parlamentaria. La Moncloa ha contraatacado acusándoles de estar perjudicando a la ciudadanía por puro cálculo político. Y es que con este revés dejarán de estar en vigor el incremento de las pensiones, la bonificación del transporte público, la prórroga del salario mínimo, la prohibición de desahuciar a familias vulnerables o ayudas por la DANA. El gobierno español podría intentar salvarlas aprobando de urgencia un nuevo decreto y volviéndole a someter a una segunda votación en la cámara baja. Una posibilidad que, por el momento, la Moncloa no confirma.

La aritmética parlamentaria española pivota sobre una mayoría en la que todos los actores son igual de necesarios. Para la mayoría absoluta hacen la misma falta los 122 diputados del PSOE que los 26 diputados de Sumar, los 5 de Podemos, los 7 de Esquerra, los 7 de Junts y todo lo demás que sirvieron para hacer presidente a Pedro Sánchez. Al otro lado de la balanza quedan PP y Vox como antagonistas.

Al día siguiente que el gobierno español salvara dos de los tres primeros decretos de la legislatura por el acuerdo in extremis del PSOE con Junts, se van conociendo con cuentagotas más detalles de los compromisos que ayer sólo comunicó una de las dos partes. Los junteros emitieron un comunicado con los principales puntos del pacto, pero los socialistas mantuvieron el silencio. Este jueves por la mañana el PSOE ya ha confirmado oficialmente el contenido del acuerdo, pero con algunos matices y aún con inconcreciones.

Junts no ha cumplido la amenaza de tumbar los decretos que el gobierno español ha llevado este miércoles al Congreso para ser convalidados y, después de una negociación in extremis, ha decidido abstenerse no participando en la votación para facilitar su aprobación. Pero a cambio los junteros aseguran que han obtenido réditos importantes, como el traspaso integral de las competencias en inmigración –que habrá que aterrizar a sus efectos prácticos, puesto que se trata de una competencia exclusiva del Estado–, la publicación de las datos oficiales que permitirá calcular las balanzas fiscales, la supresión del artículo de la ley de enjuiciamiento civil que según Junts puede entorpecer la aplicación de la ley de amnistía (aunque los expertos lo niegan), la supresión de IVA del aceite, la asunción por parte del Estado de los costes de las bonificaciones del transporte público y el reconocimiento de los derechos históricos de Cataluña en materia de régimen local. Si el literal del comunicado que Junts no ha desarrollado públicamente es cierto, se trata de un paquete de medidas de gran trascendencia, pero el hecho de que el PSOE no firme el texto hace pensar que serán necesarias todavía muchas horas de negociación. En cualquier caso, Junts demuestra una vez más que su paso al pragmatismo es firme y que su estrategia negociadora, que incluía la amenaza de tumbar medidas como la subida de las pensiones, da frutos ante el PSOE cuando éste se siente acorralado.

Tras horas de especulaciones, Junts finalmente ha cambiado de opinión y ha permitido que se tramiten los decretos leyes que han tensado la relación con el gobierno español. Al menos dos de ellos, porque el tercero, sobre la reforma de los subsidios de paro que promovía la vicepresidenta y líder de Sumar, Yolanda Díaz, se ha topado con la negativa de los diputados de Podemos. Pese a haber amenazado con el voto en contra hasta el último momento, Junts ha optado por no participar en las votaciones telemáticas que se han hecho excepcionalmente en el Senado por las obras en el Congreso de los Diputados. La decisión es fruto de un acuerdo in extremis con el PSOE para que los decretos puedan salir adelante a cambio de ciertas cesiones de los socialistas en el futuro: según un comunicado distribuido por Junts, el gobierno español se ha comprometido a "la delegación integral de las competencias de inmigración a la Generalitat y la publicación inmediata de las balanzas fiscales".

La furiosa comedia que ha protagonizado Junts a lo largo de la semana (con sorpresa final) con la votación de los decretos anticrisis del gobierno de España se explica por diferentes motivos, que se resumen en uno: hay elecciones al Parlament de Catalunya dentro de un año. Ergo, se trata de hiperventilar mucho, por no perder la costumbre, esta vez con el propósito de fingir que se manda en Madrid y que no se votan las cosas a cambio de nada, como dijo en su día Gabriel Rufián. Se trata de fingir fuerza y ​​determinación, y de vender la idea de que Pedro Sánchez ha encontrado al fin quien lo ponga en su sitio. Se trata de vender la imagen de que el PSOE es débil, y ERC, una formación vendida y entregada a la debilidad del PSOE. Y conseguir protagonismo y foco, aunque no haya quedado otro remedio que compartirlos un poco con Podemos. Y que tanto a Podemos como a Junts les lleve a coincidir en la votación (por caminos tan diversos como se quiera) con el PP, un partido que hace pocos días presentó una propuesta para ilegalizarlos. Por el camino ha habido tiempo para algunas escenas dignas de mención, como ver el pulcro Jordi Turull ejerciendo (con escasa convicción, y aún más escasos resultados) de político populista, o la grotesca propuesta de multar a empresas que se fueron de Cataluña el 1-O, o de incentivarlas para que vuelvan. La excusa de que los decretos mezclaban nabos con coles y podían obstruir la ley de amnistía tampoco se aguanta política ni jurídicamente. Todo ello, rematado con una sentencia de la portavoz Míriam Nogueras digna de ser pronunciada con los ojos en blanco y acompañada de banda sonora triunfal: "Estamos aquí por Catalunya".

Si no existe un giro de guión inesperado, Junts votará en contra de los tres primeros decretos del gobierno español este miércoles en el pleno del Congreso y el gobierno español estrenará la legislatura con un revés parlamentario. Sin los votos del PP, que también sigue en el no, ningún aliado de la mayoría plurinacional que invistó Pedro Sánchez puede desmarcarse para que las iniciativas salgan adelante. Y los de Puigdemont, pocas horas antes del inicio del debate, se mantienen en el "no absoluto" y ven "muy complicado" cambiar de opinión. Sin embargo, dejan abierto un 1% de posibilidades porque no pueden descartar "que pase algo extraordinario". Ahora bien, fuentes de los junteros también apuntan como única solución a que el PSOE retire los tres decretos del orden del día del pleno y apruebe nuevos que incorporen las modificaciones que reclama Junts. Fuentes del gobierno español descartan este escenario y siguen proponiendo tramitar los decretos como proyecto de ley para introducir enmiendas a posteriori. "El pressing Juntos –también por parte del Govern– no funcionará", ha advertido Carles Puigdemont.

Ante la amenaza de Junts y de Podem de tumbar los decretos del gobierno español en la votación del Congreso del miércoles, el ejecutivo de coalición explora la posibilidad de salvarles con el PP. Tanto el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, por parte del PSOE, como la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, llamaron a los populares para abordar la cuestión. Ahora bien, el PP se mantiene en el no y fuentes del partido denuncian que el ejecutivo de Pedro Sánchez les contacta "para pedir, no para ofrecer".