La toma de posesión del nuevo Gobierno de Salvador Illa, el pasado agosto, situó a Òscar Ordeig al frente del departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat. Casi un año después y, por tanto, pocas semanas antes de celebrar el primer aniversario en el cargo, el conseller recibe al ARA en el Parlament para hacer balance y, también, para hablar tanto de las políticas a largo plazo como de los acontecimientos más recientes de los últimos meses, como los incendios y la reciente propuesta de Bruselas de recortar los fondos de la política agraria común (PAC).

No sólo la guerra y la inmigración han hecho perder protagonismo en la agenda verde en estas elecciones europeas. También las protestas del campesinado han puesto en entredicho la lucha contra el cambio climático. En realidad, existen conexiones entre los tres asuntos. La guerra ha provocado una inflación de los precios (en especial de la energía) que ha perjudicado a los productores del campo, quienes históricamente ya sufren por la diferencia entre el precio que reciben en origen y lo que los ciudadanos pagan cuando van a comprar. En cuanto a la mano de obra inmigrada, lleva décadas crucial en el campo, donde cuesta encontrar trabajadores autóctonos, tanto por la dureza de los trabajos como por los salarios que se pueden pagar (de nuevo, aquí el problema son los altos costes en comparación con las ganancias –pérdidas, incluso a veces–). Y finalmente, claro, existen los deberes crecientes que la Unión Europea se ha impuesto en la agenda verde, que en efecto suponen un nuevo sobreesfuerzo para el campesinado. Ya ha empezado a retroceder o, mejor dicho, a frenar en el ritmo de aplicación de este Pacto Verde.

Las movilizaciones campesinas han logrado sensibilizar a la población europea, mayoritariamente urbana. Durante las protestas la opinión pública se puso en gran parte a su lado. Y la ultraderecha se intentó apropiar de ello, con mayor o menor éxito según los países. Con esta suma de factores sobre la mesa, y sobre todo con la perspectiva de las elecciones de junio en la Eurocámara, Bruselas, en un gesto inédito por su celeridad, ha decidido tomar medidas: básicamente, reducir la burocracia ligada a las ayudas de la política agraria comunia (PAC), sobre todo para los pequeños agricultores. Y hacerlo a expensas de la política verde, pero minimizando su afectación.

Los agricultores catalanes comienzan este martes la primera gran jornada de movilizaciones de este año para protestar por la crisis que vive el sector, muy afectado por el incremento de precios, la sequía y la falta de ayudas. Las protestas, también convocadas en otros muchos lugares de España, se extenderán a lo largo de febrero. y el miércoles en todo el país. Unió de Pagesos ha convocado algunas de las movilizaciones, pero el peso de las protestas corre a cargo del movimiento 6F, del que el sindicato no forma parte. "No estamos, pero hay algunos de nuestros afiliados", aclara al ARA Josep Carles Vicente, responsable de organización de Unió de Pagesos, sobre la vinculación entre la organización sindical y el movimiento.