La misma semana que el presidente, Pere Aragonès, remodeló el Gobierno para ascender a Laura Vilagrà en la vicepresidencia y situar a Sergi Sabrià como viceconsejero de Estrategia y Comunicación, hubo otro cambio que, pese a ser relevante, pasó desapercibido: el Gobierno destituyó el 23 de enero a la jefa del gabinete jurídico de la Generalitat, Mercè Corretja. Y no solo: dos semanas después el ejecutivo también apartó a una de sus colaboradoras, la directora general de derechos y asuntos constitucionales del cuerpo de letrados de la Generalitat, Maria Àngels Arróniz. Estas destituciones no se han producido por "motivos profesionales" –todas las fuentes consultadas apuntan la validez de las dos juristas– sino por un conflicto abierto durante meses entre Correa y el secretario de Gobierno, Xavier Bernadí, a quien varias fuentes acusan de " presiones" en el gabinete jurídico de la Generalitat. La última: la elaboración de un informe sobre la proposición de ley de amnistía, en trámite en el Congreso de los Diputados, que Correa de entrada se opuso a realizar pero que acabó elaborando por la presión de Bernadí.