En la próxima década la cifra de personas de más de 60 y 65 años en Cataluña casi se doblará con la llegada a la vejez de los hijos de la generación del baby-boom. Esta situación complicará aún más el actual déficit de plazas de residencias geriátricas, que en muchos centros suman listas de espera de más de dos años e incluso existen demoras en el caso de los centros privados. En un nuevo informe sobre el impacto socioeconómico de la atención a las personas dependientes, que otro año ha elaborado la Unión de Entidades con el apoyo de la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA), la patronal de las grandes residencias, pone cifras al reto del envejecimiento: hasta 2035 habrá que crear 80.000 nuevas plazas. actuales, y contratar a otros 26.000 profesionales para poder atender con garantías a esta población de personas mayores.

En medio del proceso del duelo por la muerte de su hijo Aitor, el departamento de Derechos Sociales reclama a la familia que devuelva la parte cobrada de la prestación de la dependencia que no le corresponde. El pequeño, con una pluridiscapacidad y un grado reconocido de dependencia III (el más severo de los tres posibles), murió el 2 de julio de 2023, pero el departamento abonó el mes completo y, con la ley en la mano, se ha generado una deuda de 362,63 euros, la parte proporcional de la ayuda.

Más de 103.000 catalanes han muerto mientras engordaban las listas de espera para que se les reconociera el grado de dependencia o recibir una prestación. Coincidiendo con los 18 años de la aprobación de la ley de la dependencia en el Congreso de los Diputados, el Observatorio de la Dependencia ha presentado un balance agridulce de esta iniciativa porque "su potencial sigue sin desarrollarse". En el conjunto español, desde el 1 de enero de 2007 (cuando entró en vigor) hasta ahora se han beneficiado 3,7 millones de personas –la mayoría ancianos, pero también adultos y menores con discapacidades superiores al 33 %– y otras 900.000 personas han muerto en la espera.

El proyecto de ley de la Agencia de Atención Integrada Social y Sanitaria (AGAIS) vuelve a andar y parece que por fin llegará a buen puerto. Se trata de una petición histórica de trabajadores y personas con dependencia para evitar duplicidades y coordinar mejor los servicios disponibles, una ventanilla única entre los centros de atención primaria (CAP), las residencias y el resto de servicios sociales. El Gobierno ha aprobado el proyecto de ley en la reunión del consejo ejecutivo de este martes y la previsión es que el despliegue de la Agencia se haga efectivo antes de terminar el 2025. El último intento de impulsar esta coordinación, que hace 30 años que se intenta desplegar sin éxito, le hizo el anterior Gobierno. Sin embargo, el final abrupto de la legislatura hizo decaer el proyecto cuando se estaba tramitando en el Parlament.

El anuncio del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, de la reforma de la ley de dependencia ha movilizado a las madres e hijas cuidadoras de personas mayores dependientes, un colectivo que se siente "invisibilizado" incluso en una norma que trata de mejorar las carencias del sistema que se puso en marcha hace dos décadas. "Somos la mano de obra más barata de cualquier gobierno", afirman en un manifiesto firmado por diferentes asociaciones reunidas en la Plataforma Estatal de Cuidadores Principales en las que se reclama que la futura ley las reconozca como sujeto con derechos que van más allá de su figura. "Una cuidadora, pero son dos vidas", dicen.

El consejero de Derechos Sociales, Carles Campuzano, ha admitido que se ha retrasado en el pago de el aumento para la PEV, la prestación económica que ayuda a las familias a pagar una plaza de residencia privada. En octubre, el departamento anunció un incremento que para los usuarios con menores ingresos suponía pasar de recibir 474 euros a 1.238 euros, es decir casi el triple. En el último pleno en el Parlament, sin embargo, el conseller comunicó que ha habido "problemas técnicos" inesperados para poder realizar las actualizaciones. Esto significa que los beneficiarios no están cobrando el incremento aprobado, entre un 17 y un 65% más, en función del nivel de renta.