Manuel Marchena (Las Palmas de Gran Canaria, 1959) tomó una decisión que le acompañará durante toda su trayectoria profesional. Es la renuncia en 2018 a presidir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Supremo cuando se publicó que el exportavoz del PP en el Senado Ignacio Cosidó se alababa en un mensaje que su partido controlaría la sala segunda del alto tribunal español "por la puerta trasera". Por eso, cuando Pedro Sánchez le ha citado con posterioridad a la Moncloa para volver a plantearle presidir el órgano de gobierno de los jueces, siempre lo ha rechazado. Marchena, fiscal de carrera y ahora uno de los magistrados más prestigiosos del Estado, se afana por deshacerse de una mancha que cuestiona la independencia que reivindicó en su carta de renuncia.

El juez valenciano Joaquim Bosch publica Chaque en la democracia (Ariel, 2024), un libro que alerta sobre las intenciones autoritarias de la extrema derecha y de la falta de contrapesos en el poder político, del que hace responsable también a la izquierda.

Mañana del lunes 26 de febrero, en la sede del PSOE en la calle de Ferraz, comienza el acto sacramental. El comité federal estudia un caso ciertamente horrible de eventuales beneficios millonarios a costa de la enorme tragedia de la pandemia, cuyo principal implicado es Koldo García, colaborador muy próximo de José Luis Ábalos, diputado, exministro y toda una vida en el partido. El PP, empeñado no en hacer oposición parlamentaria sino en derribar al gobierno, afila el vilipendio y pide dimisiones, pasando por delante del espejo como si fuera Drácula.

El rey Felipe de Borbón vino a Barcelona a presidir el acto de entrega de diplomas a los nuevos jueces y me ha llamado la atención que la mayoría de comentarios –tanto aquí como en Madrid– han girado en torno a su figura, por razones previsiblemente opuestas. Los medios se han aferrado a un despliegue marca de la casa: inexpresivo, poco empático, lleno de tópicos sin sorpresa alguna: “Sin justicia independiente no existiría verdaderamente el concepto de comunidad democrática”, “Todos debemos preservar y respetar la independencia de la justicia”, “Los jueces deben ser independientes, inamovibles, sometidos al imperio de la ley”. Y no sigo para no aburriros, un compendio de retórica institucional. Naturalmente, según el lugar desde el que se leía, la interpretación variaba: en Madrid predominaban los elogios, atribuyéndole una defensa incondicional de la justicia, y ahí se insistía en poner en duda una retórica de apoyo sin fisuras al poder judicial, en un momento en el que hay muchas abiertas. Todo previsible.