Un estudio de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) que analiza cien investigaciones internacionales sobre la atención sanitaria con discordancia lingüística confirma que el hecho de "no garantizar la atención sanitaria en la lengua de los pacientes puede ir en detrimento de la precisión de los diagnósticos, de la confianza entre médico y enfermo y de la calidad asistencial". Según la evidencia científica, esta situación afecta especialmente a las personas migradas que no saben la lengua del país, pero la investigación pone especial énfasis en el impacto que tiene en la población autóctona con una lengua minorizada o minoritaria, como sería el caso catalán, del cual todavía no hay estudios científicos propios.

Las reclamaciones por no atender en catalán en el ámbito sanitario no paran de crecer, pero las sanciones por este motivo continúan estancadas: cero. Según ha podido saber el ARA a través de una petición de transparencia, la subdirección general de Evaluación e Inspección Sanitarias y Farmacéuticas —que depende del departamento de Salud— no ha registrado "ningún expediente sancionador por motivo de vulneración de los derechos lingüísticos" en los últimos cinco años. Esto, a pesar de que desde el 2020 se han disparado las quejas, que se han incrementado un 1.300%. Se ha pasado de las 25 reclamaciones de hace cinco años a las 359 del 2025 por no recibir atención oral, documentación clínica o documentación administrativa en catalán, un récord histórico nunca registrado.

"Estamos cabreados, decepcionado e indignados", sentencia el presidente de Plataforma por la Lengua, Òscar Escuder. La entidad ha reaccionado así en el plan anunciado por los consejeros de Salud y Empresa y Trabajo para que el catalán gane terreno en la atención sanitaria. Para la Plataforma "el fondo es bueno, pero es altamente insuficiente" y "va tarde". "Lleva 22 años incumpliéndose la ley", dice Escuder. Solo Plataforma per la Llengua recibió 221 quejas lingüísticas en el 2023 en el ámbito de la sanidad, más del doble que el año anterior.