El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, siente animadversión por la energía eólica desde que unos aerogeneradores le estropearon las vistas que tenía sobre el mar en uno de los campos de golf que el magnate tiene en Escocia. Desde que Trump regresó a la Casa Blanca también afirmó que los parques eólicos son "feos, caros, y una fuente de energía poco fiable", y inició una auténtica cruzada contra la industria de la energía eólica. Una de las empresas que más ha notado los vientos en contra por parte de la administración norteamericana es el gigante energético danés Ørsted, empresa pionera y líder mundial en la construcción de parque eólicos marinos, ya que la compañía tiene actualmente dos de sus principales proyectos en construcción en EEUU.

Las políticas antienergías verdes de Donald Trump en EE.UU. comienzan a impactar a escala global. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha actualizado a la baja sus previsiones de crecimiento de la electricidad de origen renovable. Este organismo ha recortado en un 5% sus estimaciones para 2030 respecto a la previsión anterior. Esta modificación tiene que ver esencialmente con las políticas restrictivas de la administración de EE.UU., según el informe anual de esta organización. En el análisis, este organismo destaca que las proyecciones para la primera potencia mundial se han recortado casi un 50% respecto a las realizadas el año pasado.

No conozco a nadie que esté en contra de los molinos de viento y las placas solares. Pero al mismo tiempo conozco a poquísima gente que trabaje activamente para que se instalen en su pueblo. Nos hemos instalado en el "sí pero no". Es decir: existe la conciencia general de que no podemos depender del petróleo, el gas y las nucleares, pero nadie quiere "ensuciar" su territorio con parques energéticos verdes. La estima por el paisaje ha crecido y está pasando por encima de la lucha contra el cambio climático.

El consejo de ministros de este martes ha aprobado un importante paquete legislativo en materia energética que incluye el real decreto en el que se regula la eólica marina y las energías renovables del mar; el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030, y finalmente el proyecto de ley para recuperar la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y sacar la supervisión de los mercados energéticos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Hace año y medio, el ministerio de Transición Ecológica aprobó el Plan de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM), que fija los puntos del litoral español donde es posible instalar molinos de viento en el mar. Era el primer paso necesario para que las empresas privadas interesadas presentaran a concurso público su proyecto de parque eólico marino, adecuado a los deslindes del gobierno español. En Cataluña, el mapa del ministerio permite poner en funcionamiento cientos de aerogeneradores flotantes, en una superficie de 250 km² entre las islas Medes y el cabo de Creus, a 12 kilómetros de la costa, antes del 2030. De momento, con la incógnita de saber el calendario definitivo de la licitación, siete empresas han mostrado interés por presentar su proyecto en este punto del litoral gerundense.

El futuro parque de eólico marino flotante en el golfo de Roses genera muchísima contestación ciudadana en el Empordà. Según el plan de ordenación del espacio marítimo (POEM) aprobado por el Gobierno español hace más de un año, entre las islas Medes y el cabo de Creus, antes del 2030 se pondrán en funcionamiento cientos de molinos de viento sobre el mar. La Generalitat está completamente a favor, pero no a cualquier precio. Por eso, paralelamente a los planes de Madrid, prepara una zona de ensayo, frente a la costa del Estartit, para testear prototipos, mejorarlos y recoger datos sobre el terreno con el objetivo de reducir al máximo el impacto medioambiental del futuro parque de Roses. El proyecto del gobierno catalán, llamado Plemcat, instalará a tres aerogeneradores de una potencia unitaria de 15 MW a 25 kilómetros del litoral, conectados a una nueva subestación en Vilaür a través de una línea de evacuación terrestre subterránea de 16 kilómetros. La idea es que empiecen las pujas a principios del 2025 y esté todo operativo en el 2026.

Un año después de aprobar el primer mapa de la eólica marina en el Estado, el gobierno español da luz verde al marco regulador de esta tecnología y que supone la definición de los criterios generales a la hora de adjudicar los proyectos. Se trata de un proyecto de real decreto que el ministerio de Transición Ecológica ha publicado este lunes que todavía no es definitivo (pueden presentarse alegaciones hasta el 25 de marzo). Los promotores que ya han levantado el dedo para instalar esta tecnología –sólo en la Costa Brava hay seis proyectos sobre la mesa– esperaban a que se publicara el año pasado.