"La Generalitat es un desaguisado". Así de contundente se ha manifestado este martes el representante de Unió de Pagesos en el Consejo Territorial de Caza de Lleida, Ramon Comes, para denunciar que los campesinos están recibiendo poca ayuda para afrontar los ataques de conejos, jabalíes y corzos. Comes asegura que ni el departamento de Agricultura ni el de Interior están facilitando las herramientas que habían prometido para luchar contra los estragos en los cultivos de frutales, viñedos y cereal causados ​​por la sobrepoblación de la fauna salvaje. "No queremos exterminar, queremos equilibrar. El desequilibrio entre campesinado y fauna es cada vez más importante", ha añadido. Si esto no ocurre, ha advertido Comes, "habrá consecuencias en la calle" en forma de movilizaciones.

Vuelos de drones con cámaras térmicas y cenitales, el uso de tecnologías de análisis de imágenes a través de la inteligencia artificial y pilotos experimentados de los Agentes Rurales. Estas son algunas de las sofisticadas herramientas que la Generalitat ha presentado este jueves para perseguir a los conejos salvajes que amenazan los cultivos del plan de Lleida hasta sus madrigueras. Autoridades locales, representantes de la Generalitat y Agentes Rurales –con el equipamiento técnico necesario para realizar una demostración del funcionamiento de la estrategia– han explicado los detalles del plan en una finca agrícola de Verdú (Urgell), uno de los municipios más afectados por la superpoblación de estos mamíferos. Sin embargo, agricultores había muy pocos.

La salud debería considerarse, en principio, un asunto de cada uno, y debería entenderse que, cuando se pierde, la capacidad de recuperarla por la vía de la asistencia sanitaria es limitada, incluso en los sistemas de sanidad pública. Ahora bien, al mismo tiempo es necesario reconocer que en nuestro mundo global la información para el autocuidado viene marcada por muchas incertidumbres que no controlamos, básicamente en los ámbitos de la salud animal y en el agroalimentario. Son las externalidades de lo que hacemos y lo que respiramos y comemos. Y aquí nace el punto de preocupación: por el estilo de vida que llevamos, la prevención choca con un supuesto progreso que se nos dice que es capaz de transformar genéticamente los alimentos e incluso variar el ADN de algunos animales transmisores de alta mortalidad. Nótese que estamos hablando de salud, no de recuperarla cuando se contraen enfermedades: aquí, el campo del progreso está más confinado por lo que cada país puede financiar desde su propio nivel de riqueza. Nos referimos a que el progreso tecnológico pueda perturbar la biodiversidad con innovaciones agrícolas en el trigo, el arroz, la soja, el plátano, el maíz, la berenjena...! Alimentos todos ellos básicos en buena parte del mundo. Se trata, se dice, de hacerlos más productivos, resistentes a la falta de agua, a las sequías, a las malas hierbas. Toda una propuesta de revolución verde hecha desde la base de la biotecnología y la geoingeniería con alimentos creados en laboratorios a través de genética dirigida. Por ejemplo, el llamado arroz dorado, con una fotosíntesis aumentada y más eficiente, con semillas modificadas para este propósito. No existen aquí evaluaciones previas –ensayos aleatorios controlados– para los experimentos, sino una implementación directa en los países pobres, que aceptan las nuevas semillas a cambio de subvenciones. Estas modificaciones transgénicas se realizan, pretendidamente, con el mejor de los propósitos: aumentar producciones, estabilizarlas en el tiempo y prevenir infecciones, por ejemplo de malaria. No existe una institución pública de alcance mundial que pueda examinar estas innovaciones con un mínimo de rigor. Y, ante esta carencia, quienes se erigen en custodio del bien común son los mismos agentes que ofrecen estas nuevas posibilidades desde el “filantrocapitalismo”. Son las grandes fundaciones de los “megacapitales” –dinero acumulado en otros sectores– las que, a cambio de desgravaciones –es decir, gracias a una renuncia del erario público a tener ingresos fiscales–, sustituyen a actuaciones que en otro escenario serían financiadas por el gasto gubernamental. Sin embargo, está claro que una vez que estos filántropos han llevado a cabo sus innovaciones, el mensaje que llega a todas partes es el de sus intenciones, que se entienden como socialmente buenas. Lo que debería verificarse en la medida en que después no negocian precios de semillas que han sido modificadas bajo patente y no tienen posteriores efectos sobre la salud y la biodiversidad. En cualquier caso, su pretensión, confiesan, es mejorar el bienestar de la humanidad devolviendo a la sociedad los excedentes de las innovaciones mercantiles realizadas en otras áreas de la economía o de las finanzas.