No sólo la guerra y la inmigración han hecho perder protagonismo en la agenda verde en estas elecciones europeas. También las protestas del campesinado han puesto en entredicho la lucha contra el cambio climático. En realidad, existen conexiones entre los tres asuntos. La guerra ha provocado una inflación de los precios (en especial de la energía) que ha perjudicado a los productores del campo, quienes históricamente ya sufren por la diferencia entre el precio que reciben en origen y lo que los ciudadanos pagan cuando van a comprar. En cuanto a la mano de obra inmigrada, lleva décadas crucial en el campo, donde cuesta encontrar trabajadores autóctonos, tanto por la dureza de los trabajos como por los salarios que se pueden pagar (de nuevo, aquí el problema son los altos costes en comparación con las ganancias –pérdidas, incluso a veces–). Y finalmente, claro, existen los deberes crecientes que la Unión Europea se ha impuesto en la agenda verde, que en efecto suponen un nuevo sobreesfuerzo para el campesinado. Ya ha empezado a retroceder o, mejor dicho, a frenar en el ritmo de aplicación de este Pacto Verde.