El lenguaje jurídico es a menudo técnico y difícil de entender, pero se asume que es necesario que lo sea para cumplir con la exigencia de concreción que se presupone en las sentencias de los jueces –especialmente cuando son condenatorias–. Por eso sorprende que en el caso del fiscal general los magistrados del Tribunal Supremo recurran a un ejemplo que ellos mismos consideran "simple" para explicar, lisa y llanamente, por qué han condenado a Álvaro García Ortiz. "El cirujano plástico que ha operado a una celebridad, cuyo cambio físico ha generado un debate público sobre si su nuevo aspecto es fruto o no de una intervención quirúrgica o cualquier acto médico, nunca podrá participar en la polémica confirmando o desmintiendo la realidad de esta operación. Si lo hiciese, incurriría en responsabilidad criminal". Se entiende que el fiscal general es el cirujano y que Alberto González Amador es el paciente que se ha hecho un retoque estético. El mismo caso, explica la sentencia, se aplicaría si se revelaran datos médicos de un enfermo.

El fiscal del juicio a la familia Pujol ha afirmado esta mañana que "No se pueden introducir cuestiones de índole política en una cuestión procesal, jurídica y sustantiva como es la investigación y el enjuiciamiento de unos delitos". La frase es tan redonda que si se lo hicieran decir a un actor del Polonia y añadieran unas risas enlatadas detrás valdría como gag.

Lejos quedan los días en los que Pedro Sánchez alababa la "tarea independiente del Tribunal Supremo" y proclamaba que en España "nadie es juzgado por sus ideas o por su proyecto político". Es lo que defendió en octubre del 2019 en una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa para valorar la sentencia del Proceso que condenó por sedición a los líderes independentistas. Seis años después, cuando es el fiscal general del Estado nombrado por el líder socialista el que ha recibido un revés de un tribunal con una composición muy similar -cuatro de los cinco magistrados que han optado por inhabilitar a Álvaro García Ortiz firmaron la sentencia del 1-O-, la reacción del presidente español ha sido bien distinta. Pese a que Sánchez dice, como también hizo entonces, que "respeta" y "acata" la condena al fiscal general, en esta ocasión el líder socialista ha defendido su derecho a discrepar con el Supremo y ha vaticinado que "el tiempo pondrá las cosas en su sitio", en referencia a la posibilidad de que el Tribunal Constitucional o la justicia europea corrijan.

Coincidiendo con el 25-N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el gobierno español respondió a la inhabilitación del fiscal general del Estado por parte del Tribunal Supremo con una propuesta de nombramiento cargada de simbolismo. Quien tomará el relevo de Álvaro García Ortiz, condenado el 20-N, en el 50 aniversario de la muerte de Franco, es Teresa Peramato (Salamanca, 1962), fiscal progresista y feminista que ha dedicado su trayectoria a la lucha contra la violencia machista. "Peramato es fiscal de carrera con 35 años de ejercicio y tiene el reconocimiento unánime de los operadores jurídicos", han justificado fuentes de la Moncloa sobre su elección.

Mal vamos cuando las decisiones judiciales se leen como si fueran un partido de fútbol: conservadores 5, progresistas 2. Así se encabezan las crónicas de la sentencia del Tribunal Supremo que condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación. Y lo más grave es que si las lecturas políticas de los altos tribunales se han convertido en costumbre es porque las señales de politización de la justicia no decaen, incluso algunos jueces se autoidentifican con naturalidad por sus disposiciones ideológicas.

La condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de datos reservados, ha generado un clima de triunfo en los magacines matinales de Antena 3 y Telecinco. Ana Rosa Quintana empezaba su programa con uno de esos monólogos que lee orgullosa por la contundencia de un texto prepotente que sigue de pe a pa: "¿Quién va a pedir perdón a los ciudadanos? ¿Quién va a pedir perdón a la justicia? ¿Quién va a pedir perdón a la separación de poderes? Estas disculpas las debería pedir el presidente por dictar sentencia antes que los jueces por declarar inocente al fiscal que dependía de él". Quintana llamaba a García Ortiz "el fiscal con toga de quita y pon" y aseguraba que Pedro Sánchez "quiere pasar a la historia matando a Montesquieu y lo ha conseguido". En la enorme pantalla que preside el plató y la mesa de tertulianos, unas letras gigantes anunciaban "Fiscal condenado" con una fotografía en blanco y negro del protagonista con expresión derrotada.

La decisión del Tribunal Supremo de inhabilitar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha llegado sólo una semana después del fin del juicio, pero la redacción de la sentencia podría tardar mucho más y alargarse decenas de páginas. Los juristas consultados por el ARA están a la expectativa de los argumentos de los magistrados, que tendrán que justificar cómo, con lo expuesto en el juicio –los periodistas le exculparon–, han llegado a la conclusión de que García Ortiz fue quien filtró los mensajes en los que el abogado del empresario Alberto González Amador Ayuso, intentaba un pacto de conformidad con la Fiscalía y admitía que su cliente había cometido fraude fiscal. A la espera de la justificación de los magistrados, la conexión entre ambas causas hace que distintas voces se pregunten hasta dónde podría llegar el impacto de la condena al fiscal general en la causa de González Amador.

Álvaro García Ortiz le quitó protagonismo a Francisco Franco en el 50 aniversario de su muerte. El día que estaba marcado a fuego en el calendario del gobierno español para conmemorar la llegada de la democracia ha quedado deslucido por la condena del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado. Entre acusaciones de la derecha de haber degradado la democracia española y de peticiones de dimisión, Pedro Sánchez acudió al Congreso para celebrar el fin del franquismo. "La democracia es un privilegio que debemos defender todos los días", ha proclamado el presidente español en la presentación, coincidiendo con el 20-N, de la serie Anatomía de un instante (Movistar+), basada en el libro de Javier Cercas sobre el 23-F y rodada en la cámara baja. En plena vorágine informativa por la decisión de los cinco magistrados conservadores, Sánchez se ha blindado para asistir a la proyección del primer capítulo de esa producción.

El "visto para sentencia" del juicio al fiscal general del Estado y el aval a la amnistía del abogado general de la Unión Europea van a parar ahí mismo: al descrédito de una justicia española politizada.

El juicio al fiscal general en el Tribunal Supremo ha quedado visto para sentencia después de seis sesiones que no sirvieron para resolver la gran pregunta de la causa contra Álvaro García Ortiz. ¿Quién filtró el correo con información confidencial sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso? Analizados los hechos a la vista oral, las acusaciones han insistido en culpar al máximo responsable del ministerio público, para quien piden entre seis y tres años de cárcel. Ahora bien, la defensa de García Ortiz replicó que "no tienen base probatoria". "No hay prueba", ha insistido el abogado del estado Ignacio Ocio este jueves, a lo largo de la exposición de las conclusiones finales con las que han terminado estas dos semanas de juicio. Ocio proclamó que García Ortiz es "inocente" y advirtió de que "se ha criminalizado la actividad constitucional" del fiscal general, que tras la declaración de ayer como único acusado ha rechazado hacer uso del turno de última palabra.

Álvaro García Ortiz se sacó la toga de fiscal general del Estado que llevó durante todo el juicio para declarar finalmente como acusado durante hora y media. En la quinta sesión de la vista oral en el Tribunal Supremo, García Ortiz se ha sometido a un interrogatorio muy medido –solo ha respondido a las preguntas de su defensa y de la Fiscalía– en el que se ha centrado en desvincularse de la filtración del correo con información confidencial sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El máximo responsable del ministerio público ha rehuido realizar una defensa política, pese a la evidente carga política que tiene el caso, y ha evitado también el cuerpo a cuerpo con las acusaciones que le piden penas de hasta seis años de cárcel por revelación de secretos.

En el juicio al fiscal general del Estado, las partes dan mucha importancia a la exactitud en las horas y días de las descripciones hechas por los testigos. Esto se debe a que la gran pregunta que debe responder la vista oral es quién fue el primero en filtrar el correo con información confidencial sobre Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Difundirlo una vez publicado ya no se considera un delito de revelación de secretos, de ahí la importancia de averiguar cuál es el origen de la filtración primigenia, que es la delictiva. Pocos minutos pueden marcar la diferencia para determinar quién fue el culpable. Después de las tres primeras sesiones del juicio y de escuchar a los veinte primeros testigos, se ha puesto en evidencia que diez días de marzo de 2024 son el período clave, con especial relevancia la noche del día 13.

¿Cuál es el origen de la filtración de la información confidencial del caso de fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso? Es la pregunta clave de la causa contra Álvaro García Ortiz que no ha obtenido una respuesta concluyente en la tercera sesión del juicio, en gran parte por el hecho de que los periodistas que han atestiguado han podido escudar en el secreto profesional para no revelar quién se lo filtró. Ahora bien, José Precedo, adjunto al director en Eldiario.es, ha exculpado este miércoles al fiscal general del Estado, la única persona que se sienta en el banquillo de los acusados ​​en el Tribunal Supremo. "En 22 años de carrera, Álvaro García Ortiz nunca me ha pasado un papel. Yo sé quién es la fuente de esta historia, pero no lo diré por secreto profesional. Tengo el dilema moral de que hay una persona a la que se pide prisión y sé que es inocente", remachó el periodista del digital. Precedo ha asegurado que tuvo acceso al correo del 2 de febrero de 2024 en el que el anterior abogado de Alberto González Amador, Carlos Neira, planteaba al fiscal de delitos económicos Julián Salto un pacto de conformidad -que implicaba declararse culpable- una semana antes de la filtración que se atribuye a García Ortiz.

En la segunda sesión del juicio en el fiscal general del Estado ha irrumpido la batalla por el relato entre el entorno de Isabel Díaz Ayuso y el del gobierno español. La declaración como testigos de Miguel Ángel Rodríguez (MÁR), jefe de gabinete de la presidenta madrileña, y la de Alberto González Amador, pareja de la líder del PP de Madrid, ha elevado a los decibelios al Tribunal Supremo. Según la versión de los hechos desplegada por ambos, González Amador ha sido víctima de una conjura política que tenía como objetivo último desgastar a Ayuso. González Amador ha acusado a Álvaro García Ortiz de haberle "matado públicamente" con la filtración por la que, como acusación particular, pide que se condene al máximo responsable del ministerio público a cuatro años de cárcel ya indemnizarle con 300.000 euros por el "daño" causado. "Me han destrozado la vida: o me voy de España o me suicido", remachó en un alegato final después de casi dos horas de declaración.

Un escueto no ha sido la única intervención del fiscal general del Estado en la primera sesión del juicio en el Tribunal Supremo. Álvaro García Ortiz negó con este monosílabo que se considere "responsable" de la revelación de secretos de la que se le acusa, cuando le hizo la pregunta al inicio de la vista oral el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta. Ha sido su defensa la encargada de desplegar sus argumentos –no declarará hasta el próximo 12 de noviembre–. La abogada general del Estado Consuelo Castro hizo una enmienda a la totalidad a la investigación del magistrado Ángel Hurtado por considerarla "sesgada", "inquisitiva" y "prospectiva". "Fue sometido a un procedimiento injusto", remachó Castro, quien argumentó que García Ortiz sufrió "indefensión" y se le vulneraron una serie de derechos fundamentales entre ellos el derecho a la intimidad, a la presunción de inocencia ya la tutela judicial efectiva.

El fiscal general del Estado ya no tenía ninguna posibilidad de evitar el juicio. El Tribunal Supremo ya había informado de la composición del tribunal que le juzgará, de mayoría conservadora, y sólo faltaba conocer las fechas de la vista oral. Este viernes el alto tribunal ha comunicado que será del 3 al 13 de noviembre. Serán seis sesiones, de mañana y tarde, repartidas en dos semanas para determinar si Álvaro García Ortiz fue quien filtró el correo en el que el novio de Isabel Díaz Ayuso reconocía ante la Fiscalía haber cometido fraude fiscal. Alberto González Amador será, de hecho, uno de los testigos en el juicio junto al jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez (MÁR). Declararán un total de 40 testigos.

El juez del Tribunal Supremo que ha investigado al fiscal general del Estado por revelación de secretos ha dado el paso definitivo para enviarlo a juicio. El instructor del caso, Ángel Hurtado, ha acordado este martes la apertura de juicio oral contra Álvaro García Ortiz por haber filtrado presuntamente el correo del novio de Isabel Díaz Ayuso dirigido a la Fiscalía en el que Alberto González Amador reconocía haber cometido fraude fiscal. Hurtado, además, le impone una fianza de 150.000 euros "para hacer frente a las responsabilidades pecuniarias que puedan derivarse", es decir, el pago de una posible indemnización a González Amador por "perjuicios morales". Si García Ortiz no les entrega en cinco días, se le embargarán bienes "para asegurar esa cantidad". Por otra parte, el juez rechazó suspenderle provisionalmente de sus funciones al frente del ministerio público y rechazó así la petición que había hecho la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), una de las acusaciones populares.

Tener razón está bien, pero puede ser triste. Es el caso de lo que ocurre hoy en Madrid. Organizan ese acto en el Tribunal Supremo –por cierto, en la misma sala donde se celebró el juicio del Proceso– en la que dan por abierto el año judicial. Acto solemne en el que el fiscal general del Estado se presentará mientras está procesado por la filtración de unos correos sobre la pareja de Ayuso, y acto al que no asistirá Feijóo, en su calidad de jefe de la oposición, precisamente en protesta porque va el fiscal general del Estado.

Hace nueve meses que el Tribunal Supremo hizo el paso de imputar por primera vez en democracia a un fiscal general del Estado. La investigación por revelación de secretos del magistrado Ángel Hurtado ha derivado en el procesamiento de Álvaro García Ortiz, que se ve abocado a un juicio ante la sala penal una vez ayer la sala de apelación del alto tribunal confirmó que existen suficientes indicios de delito por juzgarle por haber filtrado presuntamente "información reservada" sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso. Es imposible explicar el alcance del caso sin mencionar a la presidenta madrileña y su particular batalla con Pedro Sánchez, que es quien designó al fiscal general del Estado en verano de 2022. Para el PSOE la causa contra García Ortiz se enmarca en la estrategia de persecución de la derecha política y judicial contra el presidente de el PP mientras que la líder del PP tratar de destruirla.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no podrá evitar ser juzgado por revelación de secretos en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso. La sala de apelación del Tribunal Supremo rechazó los recursos que habían presentado tanto su defensa como la Fiscalía con un voto particular en contra de la decisión mayoritaria. Así pues, García Ortiz ve frustrada la última oportunidad que tenía de evitar el juicio por haber filtrado presuntamente el correo en el que la defensa de Alberto González Amador reconocía a la Fiscalía que su cliente había cometido dos delitos fiscales. En cambio, el alto tribunal ha optado por exonerar a la fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid y, por unanimidad, ha acordado el archivo de la causa contra Pilar Rodríguez.