"Esta quizá sea mi última rueda de prensa". Éstas eran las palabras a través de las cuales este martes la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Cristina Herrero, expresaba que su mandato está llegando a su fin. Hace seis años que Herrero fue elegida para presidir el organismo español que se dedica al seguimiento y control del gasto público en el Estado y, en consecuencia, de la sostenibilidad fiscal. Es decir, que las cuentas estén saneadas. Este 3 de marzo, sin embargo, termina su labor. Por ley, no sólo no puede volver a ocupar ese cargo, sino que en el Airef no hay interinaje. El cese de Herrero es automático y, por tanto, el gobierno español debe buscar y proponer un candidato antes de esa fecha –en caso de que esto no ocurra, el director de la división de análisis presupuestario asume las funciones de supervisión, pero la capacidad de dirección está limitada.

El gobierno español impulsó el ingreso mínimo vital (IMV) durante el pico de la pandemia de Covid-19 para intentar "erradicar la pobreza y favorecer la participación en el mercado laboral y la inclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad". Cinco años más tarde, la Autoridad Independiente de Responsabilidad (Airef) considera que esta medida estrella del ejecutivo de Pedro Sánchez no ha cumplido al menos uno de sus propósitos. El organismo detectó que la prestación reduce la probabilidad de trabajar en tres puntos porcentuales (un 12% menos) y disminuye el número de días trabajados a 0,6 mensuales (un 11% menos). Son las principales conclusiones del análisis anual de esta ayuda que publica el Airef y que, por primera vez, se centra en su impacto en el empleo.

Hoy es 21 de junio. Esta noche ha empezado el verano y hoy termina la escuela. En cierto modo, hoy acaba el año, porque ha terminado la temporada 23/24, y para los que tenemos organizada la vida en forma de temporadas el año nuevo llegará el 1 de septiembre.