El consejo de ministros aprobará este martes una de las mayores reformas de los últimos años. Según confirmaron este lunes fuentes del gobierno español a Efe, el ejecutivo validará de forma definitiva un proyecto de ley que incluye cambios en la fiscalía general del Estado para despolitizarla. La reforma también incorpora además modificaciones en la ley de enjuiciamiento criminal, cuya principal novedad es la figura del fiscal investigador. La propuesta prevé establecer que la dirección de las investigaciones de las causas penales pase a estar en manos de los fiscales y no a las de los jueces, como hasta ahora.

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido por unanimidad no reconocer la convocatoria de huelga de jueces y fiscales que han anunciado cinco asociaciones –todas menos las progresistas– para la próxima semana. El acuerdo de este jueves advierte a los convocantes de que la huelga no tiene ningún "apoyo normativo" porque el derecho a huelga no está regulado para los jueces. Por ello, concluye que "no procede tenerla anunciada", y recuerda que ya se pronunció en el mismo sentido ante las huelgas convocadas en 2009, 2012 y 2013. Las asociaciones convocantes han criticado la decisión y ya han anunciado que mantienen la huelga, que consideran "una medida legítima, proporcionada y responsable".

La mayor parte de las asociaciones de jueces y fiscales, ninguna de las progresistas, ha convocado para este miércoles una protesta contra los planes del gobierno español para modificar el acceso a la carrera judicial y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. El llamamiento de las cinco asociaciones que firman la convocatoria es para un paro de 10 minutos, a partir de las 12 horas, a las puertas de todos los edificios judiciales del Estado. El manifiesto que los convocantes han leído a las puertas de las sedes judiciales advertía al gobierno español: "No descartamos una huelga". Por su parte, coincidiendo con el paro, Isabel Perelló, presidenta del CGPJ, ha advertido de que no se puede "degradar a los jueces".

Melanie Barba ha sido la segunda de su promoción en las oposiciones a fiscal y dentro de unas semanas empezará a realizar prácticas en Madrid, donde está terminando su formación. A principios del próximo año ya será fiscal y volverá a Catalunya para ejercer. La magistrada Isabel Olmos, nacida en Barcelona, ​​dictó su primera sentencia en un juzgado de Sant Boi de Llobregat, y desde hace unos dos meses ejerce en la sala cuarta del Tribunal Supremo. Ambas tienen en común que se prepararon la oposición con la ayuda de una beca de la Generalitat, que después de más de una década inactivas se reanudaron en el 2022. Este martes la convocatoria se abre de nuevo para aquellos que quieran prepararse para ser juez, fiscal o letrado de la administración de justicia.

Reprobación unánime de jueces y fiscales en la vicepresidenta primera del gobierno español, María Jesús Montero. En un comunicado este lunes, todas las asociaciones del ramo censuran que la ministra del PSOE calificara de "vergüenza" la sentencia que ha absuelto Dani Alves de agresión sexual y criticara que la presunción de inocencia del futbolista esté "por encima" del testigo de la víctima. "Es esencial que las instituciones y representantes públicos respeten y apoyen la labor de los jueces y magistrados, y se evite comentarios que puedan socavar la confianza en nuestro sistema judicial", le responde el colectivo de jueces y fiscales. Este martes se ha sumado el Consejo General del Poder Judicial, que ha advertido a los políticos que deben "compatibilizar su legítimo derecho a la crítica con la preservación de la confianza de la ciudadanía en las instituciones".

Los cuatro fiscales del Proceso, de lo contrario dichos cuatro jinetes del Apocalipsis, reciben este domingo el calor y el homenaje del diario El Mundo después de que se sintieran reivindicados por la negativa del Supremo a amnistiar a los líderes independentistas. Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Javier Moreno aparecen radiantes en una fotografía que ilustra la pieza de Ángela Martialay y que lleva por título: "La victoria moral de los cuatro fiscales imperturbables del 1-O: «Hemos defendido la democracia»".

Una elemental premisa del estado de derecho es que los tribunales no pueden no aplicar las leyes. Están obligados a hacerlo piensen lo que piensen de las leyes decididas por otras instituciones (Parlamentos). Pues bien, esto se está incumpliendo en España ante los ojos de todos.