El Tribunal Supremo expresa dudas sobre la legalidad de la regularización extraordinaria de migrantes que ha impulsado el gobierno español y que finaliza este martes. En dos providencias avanzadas en las últimas horas por diversos medios, y a las cuales ha tenido acceso el ARA, el alto tribunal cuestiona el encaje del decreto aprobado por el ejecutivo de Pedro Sánchez en el derecho europeo y da cinco días a las partes personadas contra el proceso –en este caso el gobierno de Aragón y el del País Valenciano, ambos del PP– para que se pronuncien sobre la idoneidad de plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede en Luxemburgo.