A pesar del crecimiento protagonizado por la economía española en términos de PIB y ocupación, la pobreza no desaparece. El 8% de la población está en una situación de "pobreza extrema o exclusión" –es decir, tiene una renta inferior a los 8.147 euros anuales por unidad de consumo– y el 19,5% se encuentra en "riesgo de pobreza", al formar parte de una unidad de consumo con una renta inferior a los 12.220 euros anuales.

La Fundación Ramón Areces y el Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques han calculado cuál sería el coste de eliminar la pobreza en España, una cifra que sitúan en los 24.000 millones de euros, pero lo más interesante es que el estudio ofrece datos por territorios y permite hacer un análisis comparativo de los últimos 10 años. Esto permite obtener dos fotografías: una fija sobre cuáles son los territorios con más población en riesgo de pobreza o exclusión, y otra dinámica sobre cuáles han mejorado más estos indicadores en una década. En este sentido, Cataluña no sale especialmente mal parada, porque tiene un 14,3% de la población en riesgo de pobreza y un 5,3% en riesgo de exclusión (pobreza extrema), una cifra que representa alrededor de la mitad de lo que tiene la comunidad autónoma que está peor, que es Andalucía.

Febrero aún no ha cerrado y la subida de enero deja varios cráteres abiertos, árboles caídos y taludes derrumbados. Y todos los pilares del país medio tambaleándose. Y no por el efecto de las ventoleras: campesinado sublevado, educación en lucha, médicos en protesta, mercancías paradas, Cercanías arriba, Sindicato de Alquiladoras a punto para una nueva movilización. De hecho, no es enero quien les deja apeados: el sector primario atragantado, los servicios públicos al límite, la vivienda imposible y el derecho a la movilidad desquiciado tiemblan hace demasiados años. En mala consonancia, o en puntual consecuencia, febrero también ha arrancado con los datos desnudos de la última Encuesta de Condiciones de Vida, hecha pública por el Idescat. Como si fuera ayer, cuando nos despertamos el dinosaurio todavía estaba allí. Dato crónico y estructural: el 24,8% de la sociedad catalana está en riesgo de exclusión social, por muchos cerdos que exportamos a China y por muchos Seats que se fabriquen allí haciéndoles pasar por coches europeos. La encuesta oficial, peor que la de hace un año, deja un retablo consolidado: el 47,3% tiene dificultades para llegar a fin de mes y solo un 3,8% –minoría absoluta– llega "con mucha facilidad". Un 29,4% no puede permitirse una sola semana de vacaciones. Y los rostros, rastros y restos del riesgo de pobreza van por barrios y condición social: mujeres (26%), niños (36%), migrantes (49%) y desempleados (55%). Con un contrapunto no menor como telón de fondo: en realidad, el riesgo de pobreza afecta al 40% de la población catalana. Se reduce a la mitad sólo después de todas las transferencias sociales públicas, especialmente las pensiones. De derechos nacidos después de años de dura lucha democrática y siempre cuestionados por los de siempre: los multirreincidentes del poder. Cerrados en una fortificación belga, la UE debate estos días si amplía la desregularización general que nos ha llevado hasta aquí mismo.

Crecimiento económico, empleo y educación. Estos son los tres factores económicos donde Cataluña aparece bien posicionada en la Memoria socioeconómica y laboral de Cataluña 2023, publicada este miércoles por el Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña (CTESC). Sin embargo, el informe pone de manifiesto las dos notas negativas que debe abordar la economía catalana, que son la población en riesgo de pobreza y el acceso a la vivienda. Éstos son los puntos más destacados para el organismo que preside Toni Mora.