Recientemente, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció la posibilidad de establecer un nuevo marco legislativo donde se hiciera pública obligatoriamente, con todos los eres y uts, quiénes son los propietarios de los medios y cómo se financian. Asimismo, planteó también una reforma de la publicidad institucional, que en algunos casos implica la práctica totalidad de los ingresos de ciertos medios. En el fondo de todo ello gravita la cuestión de la responsabilidad legal, y también política, de la ingente cantidad de mentiras, mistificaciones, insinuaciones malintencionadas, etc. que el flujo informativo digitalizado ha elevado a dimensiones nunca vistas (y parece que la cosa no ha hecho más que empezar). Tal y como se plantea, ¿el proyecto de Sánchez es factible? Yo creo que no, y por distintas razones.