Albert Dalmau (Barcelona, 1990) visita l'ARA después de una semana en la que, a pesar de todo, el Govern ha salvado un match ball y ha ganado tiempo para poder aprobar los presupuestos.El gobierno hizo ayer un gesto bastante inédito en la historia política catalana, que es la retirada de los presupuestos. ¿Es una retirada táctica?

Es una evidencia de que Catalunya necesita tener, después de dos prórrogas, unos presupuestos nuevos. Y también es una evidencia de que las estrategias negociadoras del PSC y ERC para llegar a un acuerdo habían terminado en un callejón sin salida. Con la decisión del Govern de retirar el proyecto de presupuestos (un gesto que nunca se había dado en la política catalana) y el anuncio de ERC de que acepta negociarlos sin líneas rojas, la situación se ha desbloqueado y se vislumbra un posible acuerdo antes del verano.

El plan director sobre la Hacienda propia encargado a la empresa Indra, y que se ha conocido este jueves, representa un choque con la realidad tanto para el PSC como para ERC. En efecto, ahora ya se puede afirmar que el contenido del pacto firmado entre los dos partidos para investir a Salvador Illa era irrealizable en cuanto a los plazos, y que por tanto era imposible que en un año la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) pudiera recaudar ya el IRPF de este año 2025 el próximo año. El documento deja claro que el próximo año, así como en el 2027, lo único que podrá ofrecer la ATC es "la asistencia" al ciudadano para poder hacer la declaración, pero no la recaudación en sí. Y que no sería hasta 2028 que se empezará a iniciar "la aplicación tributaria de determinadas funciones en el ámbito del IRPF". Es decir, el documento ni siquiera marca un horizonte de cuándo podrá asumir la ATC el 100% de la gestión y recaudación del IRPF, y simplemente fija cuáles son los pasos a realizar, en lo que llama "primera fase de despliegue", que durará tres años.

La "nueva etapa" que predica el Gobierno de Salvador Illa llegará también a las delegaciones en el exterior. Son 21 y el pacto entre el PSC y Esquerra obliga al ejecutivo catalán a mantenerlas y continuar ampliando, pero el nuevo departamento de Unión Europea y Acción Exterior quiere analizar primero qué se hace y cómo pueden ser más eficaces. Lo ha explicado en su primera comparecencia en el Parlament el conseller Jaume Duch, que ha reiterado el compromiso de hacer crecer la red de delegaciones, pero una vez se haya consolidado. "Lo haremos en este orden. Primero, analizar el trabajo y trabajar para definir mejor su rol y sus objetivos para que sean útiles a la ciudadanía, al margen de ideologías y evitando que ocupen terrenos que no les corresponde", expuso.

"Ni es un concierto económico ni es una reforma del modelo de financiación". Con esta contundencia se ha expresado este miércoles la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en relación con el acuerdo entre el PSC y ERC para la financiación singular en Catalunya. Y los republicanos, que intentaron presentar el pacto para investir a Salvador Illa como un sistema similar al de Euskadi, han querido enviar un aviso al gobierno español. "Si no quiere decir concierto económico puede decirle de otra manera, pero los acuerdos que se han firmado deben cumplirse. Si no, el PSOE tendrá que buscar mayorías alternativas para los presupuestos generales del Estado, o bien convocar elecciones", ha amenazado a la portavoz de ERC, Raquel Sans. Lejos de poner en duda el cumplimiento del acuerdo, Montero le ha defendido ante las críticas internas del PSOE y también del PP. Por su parte, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha denunciado que "durante dos semanas se ha vendido un concierto económico inexistente" y lamentó que en el Parlament se haya construido una mayoría "a partir de un engaño ". "ERC ha mentido y los socialistas se han callado", se quejó. En cualquier caso, este jueves fuentes de la Moncloa han informado a la agencia ANC de que el gobierno español "cumplirá" el pacto con ERC sobre la financiación.

La atmósfera que desprende la política catalana estos días previos al debate de investidura es sofocante. Es curioso que algunos insisten en la idea de sumar fuerzas para hacer república, cuando las fuerzas que se supone que deberían sumarse están abocadas a un espectáculo público de odio mutuo que, además de aburrido, se ha vuelto irrespirable. ERC se afana por vender como trascendente e histórico un acuerdo de financiación sobre el que planea la falta de credibilidad del gobierno de España y su interminable lista de incumplimientos en inversiones. Juntos intenta presentar como un momento crucial el regreso de Puigdemont, un episodio que podía haber sido ciertamente relevante, pero que ya han ardido hasta el punto de convertirlo en una caricatura.

Hace más de quince años, en Cambridge, en un college elegante y familiar, durante una cena intenté explicar a un norteamericano la realidad catalana, nuestro autogobierno, la importancia de la escuela y la lengua, el Parlamento, la historia y bla, bla, bla. El hombre me escuchaba con educación académica, asentía, sonreía. Me dejaba decir. Y cuando, satisfecho, ya me había desahogado, su pregunta fue demoledora: "¿También recaudan los impuestos?". "No, eso no", respondí. "Entonces no tienen nada, no tienen ningún poder". Su pragmatismo demoledor fue una jarra de agua fría. Para un observador externo, era evidente: nuestro gobierno era de feria, una concesión controlada desde un poder superior. Tampoco le dije que el árbitro que dirimía las tensiones entre el poder real español y el poder subsidiario catalán (el Tribunal Constitucional) también dependía 100% de Madrid. Fue un baño de realidad.