Justo hace una década, a mediados del 2015, en Ripoll se estaba consolidando una célula terrorista. Estaba formada por nueve chicos y liderada por un imán. Eran jóvenes (entre 15 y 26 años, en ese momento) y había cuatro parejas de hermanos. Dos años después, uno de ellos condujo una furgoneta a toda velocidad, y se llevó todo lo que encontró por delante, en la Rambla de Barcelona. Horas más tarde, otros miembros de la célula sembraron el pánico con cuchillos en el paseo marítimo de Cambrils. Era agosto de 2017, y dieciséis personas murieron asesinadas. ¿Qué llevó a nueve jóvenes, la mayoría criados a Cataluña, a abrazar el yihadismo? Hoy estamos un poco más cerca de responder a esta pregunta a ciencia cierta.

La comisión del Congreso encargada de investigar los atentados yihadistas del 17 de agosto en Barcelona y Cambrils ha citado a declarar este martes al expresidente de la mezquita Annour de Ripoll Ali Yassine, quien como dirigente de la comunidad musulmana de la localidad fue el encargado de contratar a Abdelbaki es-S. Es-Satty acabaría siendo el cerebro de los ataques que perpetraron jóvenes ripolleses. Tras los atentados, el expresidente de la mezquita aseguró que nunca había visto muestras de radicalización en el imán, y hoy ha vuelto a ratificarlo.

El ex director del CNI, Félix Sanz Roldán, dijo ayer a la comisión del Congreso que investiga los atentados de agosto del 2017 que "si alguien piensa o imagina que pudimos evitar la muerte de 16 personas y no lo hicimos, es una infamia, una maldad y una vileza". Claro, ¿quién puede creer que un estado atentará contra sí mismo? Y, al mismo tiempo, sabemos que el terrorismo de estado existe, y también que hay acciones que se van de las manos. Y que existen bienes supremos a proteger que lo justifican todo. Pensar que gracias a un atentado se protegerá a la unidad de España a un precio razonable no es una maldad sino una hipótesis, cruda pero planteable.