Las entidades en defensa de la lengua catalana, con Òmnium y Plataforma por la Lengua al frente, se preparan para una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que desmonte la respuesta legal que se construyó en la anterior legislatura, con un amplio consenso, para evitar la imposición del 25% de castellano en las escuelas. En el 2022, en época del gobierno Aragonés, se aprobó un decreto ley que evitaba la aplicación de porcentajes lingüísticos a la enseñanza (con la mayoría independentista de entonces) y una ley, que en este caso también contó con el voto favorable del PSC y los Comunes, que situaba al catalán como lengua vehicular y decía que el uso de lenguas oficiales educativo. La ley parece que va a pasar el filtro del Constitucional, pero no el decreto ley, que era más explícito en el rechazo a la cuota del 25% y que podría dar pie al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) para mantener su ofensiva.

Los intentos de convertir la escuela en campo de batalla de la lengua llevan años durando. Entidades minoritarias, apoyadas por el nacionalismo español de la derecha y la extrema derecha, han logrado judicializar y envenenar el debate. Sembraron la semilla del enfrentamiento. Sin embargo, hay que decir que en la práctica han tenido un seguimiento social exiguo. Porque la realidad es la que es y, por muchas distorsiones mediáticas que se difundan, la lengua socialmente débil, especialmente entre los jóvenes, es el catalán. Por tanto, es la que necesita un impulso especial, una discriminación positiva que dio pie a los inicios del autogobierno al pacto por la inmersión lingüística basado en la idea de hacerla lengua vehicular prioritaria de la enseñanza, necesidad que no sólo permanece, sino que incluso hoy es más imperativa que hace cuarenta años.