En 2019 terminé un máster en economía en Londres. Poco antes de graduarme, representantes del gobierno británico visitaron la universidad para presentar su programa de acceso rápido al servicio civil (Fast Stream). Era una salida profesional atractiva para jóvenes economistas interesados en la política pública: un proceso de acceso muy competitivo, pero ágil y basado en competencias, con pruebas digitales, incorporación al año siguiente, salario de entrada y rotaciones entre ministerios mientras te formabas para desempeñar tareas de liderazgo y gestión pública.

El ataque brutal que tiene en marcha la nueva administración Trump y sus aliados de la tecnooligarquía contra todo lo que suena a público es tan exagerado que puede parecernos simplemente estrambótico, y como tal pasar a formar parte de lo que vamos comentando con los compañeros de trabajo y los amigos y amigas cuando tenemos un rato. Pero la cosa es mucho más seria, ya que cuando se ataca el gasto público, los servidores públicos, los impuestos y todos los llamados chiringuitos institucionales, detrás de él hay políticas y servicios públicos esenciales para gran parte de la población. Por otra parte, no es sólo una excentricidad más de la nueva era trumpiana, sino que en Europa (y en Cataluña) hay muchos partidarios de aplicar la misma lógica a un sector público al que acusan de derrochar recursos, de preocuparse sólo de los que se aprovechan del sistema y de haber crecido de forma desmedida.

"Estamos dispuestos a hacer nuevas transferencias competenciales, a reconocer singularidades, a permitir que todas las comunidades que lo deseen recauden y gestionen más gravámenes. Es coherente con nuestro estado federal, que en España lo llamamos autonómico y que ya hacen países como Alemania y Canadá". Con estas palabras, pronunciadas el pasado mes, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, abrió la puerta a la reforma del sistema de financiación de las autonomías. Y lo hizo, como reconoce sin tapujos el PSOE, por la presión ejercida desde Catalunya.