Hasta hace poco más de un año, la renta básica universal (RBU) era una de las propuestas que estaban en el centro del debate en cuanto a políticas sociales innovadoras. Su universalidad generaba división: los favorables la consideraban una política transformadora e interesante precisamente por ese factor, mientras que los detractores esgrimían que las prestaciones sociales deben discriminar positivamente según los ingresos. El gobierno de Pere Aragonès se hizo suya la universalidad e impulsó un proyecto piloto sobre la renta básica, encarado a un grupo reducido de personas para poder estudiar hasta qué punto puede mejorar la vida de las personas que la reciben. Aunque una de las condiciones de ERC para apoyar la investidura de Salvador Illa era justamente mantener esta prueba piloto, en estos momentos el proyecto está detenido, según explican varias fuentes al ARA.