Si ahora mismo sufres un delito en Barcelona –una estafa, por ejemplo– y quieres pedir cita a los Mossos d'Esquadra para denunciarlo, será complicado que encuentres una franja de un día para otro. Hay que buscar a fondo entre las horas disponibles en las diversas comisarías de la ciudad céntricas será prácticamente imposible si obviamos las franjas horarias de noche y de madrugada. En Ciutat Vella, por ejemplo, hay una a las 8:15 horas del jueves, y esta situación se repite en Sants, en Sarrià y en el Eixample. denunciar 232.000 delitos. De éstos, 199.000 se podían denunciar con el sistema de cita, solo previsto por algunos tipos penales como son las amenazas, los daños, las estafas, los hurtos, las lesiones, las ocupaciones, la pérdida de documentación que lo utilizan. un 40%.

Cuando pensamos en el crecimiento de un país, hasta qué punto su economía es productiva o en qué medida sus ciudadanos viven bien, más allá de medir la riqueza, nivel educativo o estado del bienestar, debemos mirar cuál es la calidad de su administración pública. Cuanto más eficiente sea, mejor responderá a las necesidades de la ciudadanía y de las empresas. Y, si ponemos a examen nuestra administración, tenemos motivos para preocuparnos.

El día ha empezado muy mal. Incendio en la catenaria de la R3 entre Ripoll y Manlleu que ha terminado convirtiéndose en llamas dentro de un vagón. La gente ha tenido que huir por la vía. La realidad es muy terca. Porque después el ministro Puente vaya diciendo, como dijo en agosto, que el tren en España vive el mejor momento de su historia. Un día es un accidente pero tantos días con incidentes es una desinversión de proporciones históricas.

El Gobierno eliminará por ley la cita previa obligatoria, uno de los requisitos extendido para realizar cualquier trámite en la mayoría de ayuntamientos, las diputaciones y la propia Generalitat a partir de la pandemia. En el marco de un "plan de reforma y transformación de la administración" para mejorar los servicios públicos, el consejo ejecutivo aprobará este martes un acuerdo de gobierno para llevar adelante esta ley, que deberá garantizar la atención presencial sin necesidad de pedir cita obligatoriamente en todo el sector público del país. Así lo ha anunciado en una rueda de prensa este lunes el consejero de Presidencia, Albert Dalmau, que pretende hacer compatible este cambio con el sistema de cita previa, preservando "la calidad del servicio" -admitiendo que este mecanismo ha podido generar "desafección" en los ciudadanos–. "La cita previa no puede ser una imposición", remachó. Además, aclaró que esta medida no debería requerir a más funcionarios ni cambiar el régimen vigente de teletrabajo.