"Los chicos que entran cada vez están peor. Tengo politoxicómanos. Yo no tengo la formación necesaria para tratar ninguna de estas adicciones", lamenta un trabajador de un centro de justicia juvenil que pide al ARA mantener el anonimato para evitar represalias. En el último año ha visto brotes psicóticos, menores adictos a psicofármacos y diversas enfermedades de salud mental para las que no está preparado. Sin embargo, explica que lo ha tenido que hacer igualmente, ya que el centro no tiene recursos suficientes para garantizar una atención profesional.

El asesinato de una educadora social de un piso de justicia juvenil en Badajoz en manos de tres de los chicos ingresados ​​ha encendido los ánimos de los profesionales catalanes. Este miércoles por la mañana se han concentrado ante los puestos de trabajo y por la tarde lo han hecho en la plaza de Sant Jaume de Barcelona, ​​en una convocatoria del Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Catalunya (CEESC) que ha atraído a casi 200 personas. "No nos extraña lo ocurrido en Badajoz", exclamaba un profesional que trabaja en un centro de acogida, "el embudo" por donde pasan los menores desamparados bajo la tutela de la dirección general de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) antes de ser derivados al recurso definitivo. "Hemos normalizado muchas situaciones complicadas, agresiones y amenazas", aseguraba Noèlia.

"Estamos desbordados. Falta personal para atender a estos menores, no tenemos herramientas para ayudarles cuando tienen un brote psicótico. La única respuesta que les podemos ofrecer es enviarlos a módulos de contención", se lamenta en conversación con el ARA una trabajadora del Centro Educativo l'Alzina, donde viven menores de edad por orden de un juez porque han cometido algún delito. Algunos de estos adolescentes atendidos por el sistema de justicia juvenil catalán tienen problemas de adicciones o de salud mental y necesitan una atención especializada. Según el Govern, estos casos tienen una "elevada complejidad y numerosos factores de riesgo", por lo que necesitan un buen abordaje para minimizar posibles recaídas y evitar la reincidencia delictiva. Ahora bien, el ejecutivo catalán admite en un documento publicado este octubre al que ha tenido acceso el ARA que la atención a la salud mental y adicciones que reciben estos jóvenes no es la adecuada.