"No podemos esperar a que pasen más cosas para actuar". Con estas palabras, la comisaria jefa de los Mossos d'Esquadra, Sílvia Catà, resume qué está pasando con las bandas juveniles en Cataluña: son grupos más pequeños que en los años 2000, mucho más heterogéneos y flexibles, con menos presencia que entonces, pero existen. Y, por primera vez, la policía catalana aporta cifras del fenómeno. Según los cálculos de los Mossos d'Esquadra, hay un millar de jóvenes que están en la órbita de estas bandas y aproximadamente la mitad se pueden calificar directamente de miembros. Este dato es resultado de meses de investigación, con más de 600 fuentes diversas consultadas, que van desde un atestado policial de un incidente hasta un confidente. Todo ello ha llevado a los Mossos a crear el Proa, un plan específico para luchar contra las bandas juveniles. Este jueves se ha presentado en el seno del cuerpo y en noviembre se pondrá en marcha.

El escenario del crimen es el Parque de les Planes, en Hospitalet de Llobregat. El 28 de marzo, dos grupos discutieron y el enfrentamiento acabó a tiros, con un chico de 28 años muerto y otro joven herido. En otro caso, el escenario del crimen vuelve a ser un parque, el de la Pegaso de Barcelona. El 4 de julio ejecutaron a tiros a un chico de 15 años que estaba con su hermano pequeño en este punto del distrito de Sant Andreu. Lo que tienen en común estos dos incidentes es que todos los detenidos –tres jóvenes en el caso del primero y también tres jóvenes en el segundo– estaban vinculados a bandas juveniles.

El director general de Ejecución Penal en la Comunidad y de Justicia Juvenil, Jesús del Cacho, ha dimitido después de dos años en el cargo. El Gobierno ha nombrado este mismo martes a la nueva directora, la abogada penalista Paz Vallès.

El aula se llena dos veces cada mañana y dos veces cada tarde. Son grupos "más o menos" constantes. El profesor explica que el hecho de estar en una prisión, y aún más en la de Jóvenes, hace que haya “una gran movilidad”. "No es fácil sostener un grupo, pero cuando pasa aparecen cosas que son realmente bonitas", dice. Mientras habla, una decena de chicos avanzan en sus proyectos. Unos dibujan, unos pintan con pinceles y otros hacen esculturas a partir de láminas de cartón. Como el resto de internos en la prisión de Jóvenes, todos son adultos, pero tienen menos de 25 años.

"Los chicos que entran cada vez están peor. Tengo politoxicómanos. Yo no tengo la formación necesaria para tratar ninguna de estas adicciones", lamenta un trabajador de un centro de justicia juvenil que pide al ARA mantener el anonimato para evitar represalias. En el último año ha visto brotes psicóticos, menores adictos a psicofármacos y diversas enfermedades de salud mental para las que no está preparado. Sin embargo, explica que lo ha tenido que hacer igualmente, ya que el centro no tiene recursos suficientes para garantizar una atención profesional.

El asesinato de una educadora social de un piso de justicia juvenil en Badajoz en manos de tres de los chicos ingresados ​​ha encendido los ánimos de los profesionales catalanes. Este miércoles por la mañana se han concentrado ante los puestos de trabajo y por la tarde lo han hecho en la plaza de Sant Jaume de Barcelona, ​​en una convocatoria del Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Catalunya (CEESC) que ha atraído a casi 200 personas. "No nos extraña lo ocurrido en Badajoz", exclamaba un profesional que trabaja en un centro de acogida, "el embudo" por donde pasan los menores desamparados bajo la tutela de la dirección general de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) antes de ser derivados al recurso definitivo. "Hemos normalizado muchas situaciones complicadas, agresiones y amenazas", aseguraba Noèlia.

"Estamos desbordados. Falta personal para atender a estos menores, no tenemos herramientas para ayudarles cuando tienen un brote psicótico. La única respuesta que les podemos ofrecer es enviarlos a módulos de contención", se lamenta en conversación con el ARA una trabajadora del Centro Educativo l'Alzina, donde viven menores de edad por orden de un juez porque han cometido algún delito. Algunos de estos adolescentes atendidos por el sistema de justicia juvenil catalán tienen problemas de adicciones o de salud mental y necesitan una atención especializada. Según el Govern, estos casos tienen una "elevada complejidad y numerosos factores de riesgo", por lo que necesitan un buen abordaje para minimizar posibles recaídas y evitar la reincidencia delictiva. Ahora bien, el ejecutivo catalán admite en un documento publicado este octubre al que ha tenido acceso el ARA que la atención a la salud mental y adicciones que reciben estos jóvenes no es la adecuada.