Más de la mitad de los municipios del área metropolitana de Barcelona no ha generado ninguna vivienda de protección oficial (VPO) en el periodo comprendido entre los años 2020 y 2025. Así lo señala la Asociación de Promotores de Cataluña (APCE), que según los datos publicados este martes alerta de que la presencia de VPO en la demarcación continúa siendo "insuficiente y territorialmente muy desigual en el ámbito metropolitano". La APCE manifiesta especial preocupación por este punto de la geografía catalana, ya que es el ámbito con más demanda residencial de Cataluña.

La Generalitat ha determinado que hay 118 municipios que deben continuar incluidos en la zona de mercado residencial tensionado (ZMRT), una consideración que establece, entre otras cosas, dónde se aplica el tope de los alquileres. Ahora bien, según la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, "solo" en 33 de estas localidades las familias tienen que destinar más del 30% de los ingresos a pagar el alquiler y los suministros.

En plena crisis de la vivienda, el Govern ha hecho de la vivienda de protección oficial (HPO) uno de sus proyectos bandera. Este viernes el PSC y los comunes han presentado una proposición de ley para acelerar la creación de vivienda de protección oficial que incluye cinco medidas, una de las cuales es dar la opción de convertir locales comerciales, oficinas y hoteles en pisos protegidos a los propietarios que estén interesados. Según fuentes próximas a la negociación, "si todo fuera bien y todo el paquete de medidas funcionara" podría servir para incorporar hasta 20.000 pisos. "Era una prioridad ineludible ampliar el parque de vivienda protegido y garantizar que la vivienda cumpla su función esencial de ser un hogar", ha defendido la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en la presentación conjunta de esta normativa junto a la líder de Comuns, Jéssica Albiach.

La nueva construcción crece en Cataluña, pero no para habilitar viviendas. En los seis primeros meses del año, el Colegio de Arquitectos de Cataluña (Coac) ha emitido visados para construir o rehabilitar en profundidad 2,41 millones de metros cuadrados en Cataluña, un 13,46% más que en el mismo período del año pasado. Ahora bien, aunque la vivienda es a lo que se destinarán de forma mayoritaria las construcciones que están en marcha (casi 1,6 millones de m², el 66% del total), el incremento de actuaciones se ha concentrado en otros usos –que han crecido un 54,24% respecto al 2025–, mientras que se ha estancado para hacer vivienda –ámbito donde ha aumentado un 0,54%–. De hecho, los arquitectos han visado un 2,59% menos de viviendas de obra nueva y rehabilitación, hasta las 7.897: es decir, Cataluña habilita menos pisos que hace un año, pero, por un lado, son más grandes, y, por otro, las rehabilitaciones hacen que la superficie con actuaciones en marcha destinadas a vivienda se mantenga estable.

El gobierno español saca pecho de la construcción de viviendas de protección oficial (VPO). España ha comenzado a edificar el número más alto de viviendas de VPO en un primer trimestre desde 2012, en un contexto de precios a niveles máximos y el acceso a la vivienda entre las principales preocupaciones de la ciudadanía. En paralelo, también ha alcanzado el número más alto de VPO terminadas desde entonces.

El Ayuntamiento de Barcelona prevé sortear 598 viviendas de protección oficial (HPO) durante 2026, más del 80% de las cuales de alquiler. Según ha podido saber el diario ARA, están repartidas en doce promociones, y el consistorio hará un sorteo para cada una. De momento, Barcelona ya ha hecho cinco, que han servido para repartir 246 pisos, el 41,13% del total. Hay previsto un sorteo para este mismo mes de mayo, uno en junio, uno en septiembre, un par en noviembre y dos más en diciembre.

La vivienda protección oficial (VPO) se ha situado como una de las grandes soluciones para afrontar la crisis residencial. En sólo siete días de diferencia, el Govern aprobó este octubre dos vectores de actuación: un plan para garantizar que todos los nuevos hogares tengan una vivienda —hasta 355.000 quedarán excluidas del mercado en los próximos 15 años— y también la creación de 50.000 de pisos de alquiler social hasta 2030.