La derecha española vive a la espera de que ocurra alguna catástrofe que haga caer al gobierno de Sánchez. Llevan así ocho años, y no es que hayan faltado ocasiones: pandemia, guerras, crisis, desastres naturales causados por el fuego y por el agua, etc. También está la corrupción del PSOE, que existe, pero aquí tienen el problema de la corrupción de la propia derecha, que existe en una medida mayor, porque es estructural. Y finalmente está la inmigración, que sirve a este tipo de derecha para agitar odios, miedos y bajos instintos. Con la crisis impulsada la semana pasada por Mohamed VI, a medias con Trump y Netanyahu, PP y Vox pensaron que había llegado por fin su oportunidad, más aún cuando aparecieron algunos países europeos (la Finlandia ultraconservadora y la Italia de la fascista Meloni) que pusieron el grito en el cielo y que incluso hablaron de cerrar el espacio Schengen (cosa por otra parte imposible, porque no lo puede hacer unilateralmente ningún estado miembro de la Unión Europea). Sin embargo, una vez más no les ha acabado de salir bien. Algún agitador a sueldo, como Vito Quiles o Alvise Pérez, tuvo que salir escoltado de Ceuta por la policía (en otros lugares, como en Palma, en vez de protegerlos, los agentes prefieren pegar a los ciudadanos). Abascal, haciendo de glorioso almirante a bordo de un ferry de pasajeros que intentaba hacer pasar por una fragata de guerra, hizo perder la paciencia incluso al ultra Jiménez Losantos, que le reprochaba su falta de patriotismo. Por la parte del PP, la pareja cómica formada por Tellado y Feijóo ha vuelto a balbucear su discurso catastrofista, que ya es previsible y rutinario. Finalmente, Marlaska asistió a la reunión con los otros ministros de Interior europeos, y en vez de un tirón de orejas consiguió llevarse un apoyo general.Ante este fracaso han pasado a la segunda fase del plan, que consiste en resistirse inicialmente a recibir la cuota de menores rescatados en Ceuta correspondiente a cada comunidad autónoma. Las comunidades gobernadas por el PP, muchas de ellas conjuntamente con Vox, querían cerrarse de antemano a recibir a estos menores (aunque finalmente acatarán la ley, porque también están obligadas). Se añade Junts, que una vez más amenaza a Sánchez de retirarle todo el apoyo si se le ocurre enviar menores inmigrantes a Cataluña. Es la derecha la que se niega a acoger, con un supuesto discurso de protección de la propia integridad nacional, o territorial, o lo que sea, pero que en realidad solo es un discurso de la xenofobia y la aporofobia, el odio al pobre. En el caso de Junts, da una cierta lástima verlos chapoteando en este lodazal —tan irrespetuoso con el pensamiento pujolista, que siempre fue abierto a la inmigración— solo por competir con los fascistas de alpargata y carquiñolí de Aliança Catalana. En cuanto a Europa, se echa intensamente de menos a una líder de derecha democrática como Merkel, que hace once años abrió Alemania a cerca de un millón de personas, mayoritariamente huidas de la guerra de Siria. Qué decadencia, en estos once años, la de las derechas europeas.

El gobierno español prevé activar el artículo 35 de la ley de extranjería, que describe la acogida obligatoria y solidaria por parte del resto de comunidades autónomas cuando se declara una "contingencia migratoria extraordinaria". Ceuta se encuentra en esta situación y, por tanto, este será el siguiente paso que dará el gobierno español para afrontar la crisis que vive la ciudad desde la llegada masiva de migrantes la semana pasada. Hasta ahora, el PP había dejado en el aire su posición sobre este reparto, pero este miércoles la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha confirmado que las comunidades autónomas gobernadas por su partido acatarán la ley. Participarán, así, en el reparto de los cerca de 1.100 menores migrantes no acompañados –según los datos hechos públicos por el presidente de Ceuta– llegados a la ciudad autónoma, aunque ha reclamado que el proceso sea "justo" y "planificado". Lo ha dicho en una entrevista en Onda Cero, un día después de que Vox –socio de gobierno de los populares en cuatro comunidades– rechazara abiertamente acoger a estos menores.

La próxima cita electoral en Catalunya está prevista para mayo del 2027, pero los partidos han iniciado ya una carrera que empieza mucho antes del calendario formal. La política catalana, marcada por la frustración colectiva a raíz del fracaso del proceso independentista, canaliza parte de ese malestar hacia la inmigración y la convierte en el centro del debate político. Esta construcción de narrativas moldea la percepción pública mucho antes de ir a las urnas, y los partidos responden a la demanda de una parte de la población que reclama mayor control migratorio. Así, el debate sobre inmigración se convierte en el eje sobre el que se proyectan y se negocian las nuevas fronteras de la identidad y la cohesión social catalanas.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado este viernes la forma de designar a un país de origen seguro en Italia, pero afirma que esta catalogación debe someterse a un control judicial. El TJUE cuestiona así la legitimidad de la lista de "países seguros" que Italia utiliza para enviar a migrantes a Albania a la espera de que se decida sobre sus solicitudes de asilo.

Nuevo revés judicial para la política migratoria de Giorgia Meloni. Un tribunal de Roma ha remitido a la justicia de la Unión Europea la situación de los inmigrantes que el gobierno italiano había enviado el viernes a los controvertidos centros de retención construidos en Albania. El tribunal ha suspendido la sentencia de la detención de siete migrantes trasladados en barco, lo que impide que puedan continuar en territorio albanés, como prevé el acuerdo firmado por Giorgia Meloni y el primer ministro albanés, Edi Rama, y ​​los obliga así a ser repatriados a Italia. Cinco de los siete migrantes de este segundo convoy habían visto rechazada su solicitud de asilo, de acuerdo al protocolo fronterizo aprobado por Meloni con el objetivo de acelerar los trámites.