De los 7.302 presos que protagonizaron un incidente violento entre el 2017 y el 2022 en las cárceles catalanas, 5.785 no tenían en vigor una valoración de riesgo en ese momento, bien porque no se les había hecho todavía, bien porque había caducado su vigencia, que es de seis meses. Esto supone el 79,22% de los presos, según recoge el estudio Violencia institucional en las prisiones de Cataluña, hecho a partir de todos los incidentes registrados por los trabajadores de las prisiones de Cataluña en el sistema informático penitenciario y que incluye, entre otros, agresiones, autolesiones y alteraciones del orden. Según ha podido saber el ARA, el departamento de Justicia trabaja en una actualización del algoritmo de predicción RisCanvi –un test para valorar qué riesgo tiene cada interno de reincidir– para hacerlo más esmerado y con la intención de que esté activo este mismo año.