Una marea de miles de camisetas de color verde se acerca este miércoles al mediodía a la Puerta del Sol. "Educación pública de todos y para todos", se lee en letras blancas estampadas. Son los docentes de la escuela pública no universitaria de la Comunidad de Madrid, que comienzan una huelga general indefinida. Avanzan caminando por una de las calles que desemboca en el kilómetro cero de la capital española. Al llegar, rodean las casi 2.000 tiendas de campaña que continúan instaladas en la plaza desde hace casi veinte días: la primera se colocó la noche del 26 de septiembre.

Los tribunales entran en la ecuación en las movilizaciones por el derecho a la vivienda. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado durante la sesión de control de la Asamblea madrileña que ha llevado la acampada en la Puerta del Sol a los tribunales para desalojarla inmediatamente. Así, ha presentado esta misma mañana un recurso, con medidas cautelarísimas, para que el gobierno español desaloje la protesta, después de que la Delegación en Madrid haya denegado sus requerimientos. Desde el gobierno de Ayuso denuncian la "inacción" del ejecutivo de Pedro Sánchez ante una acampada para defender el derecho a la vivienda que "no se debería haber permitido nunca". A juicio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la protesta está "excediendo los límites constitucionales y legales que delimitan el derecho fundamental de reunión".

Una veintena de turistas se detienen por indicación de su guía frente al edificio de la sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol. Con un paraguas típico de este tipo de tours señala tres placas situadas en la fachada del puesto de trabajo de Isabel Díaz Ayuso. Una de ellas recuerda a los caídos en el levantamiento popular del 2 de mayo de 1808 contra los franceses, otra a las víctimas del atentado del 11-M y, finalmente, la más reciente, a los fallecidos durante la pandemia. "Si hubiera una que recordara las torturas que sufrimos, los guías deberían explicarlo a la fuerza", reflexiona en voz alta Ángela Gutiérrez (Badajoz, 1952) mirándoles a una distancia prudencial. A esta militante antifranquista, el edificio, reconocible para cualquier persona que haya visto las campanadas en un canal de ámbito estatal –por ser su reloj el que guía el ritual del cambio de año–, le recuerda cada vez que pasa por delante un momento traumático de su vida. Estuvo detenida tres veces y sufrió agresiones físicas y psicológicas por parte de la policía del régimen.